Las 16 preguntas de la segunda consulta popular de Petro

El Gobierno de Gustavo Petro, con el presidente ausente en un viaje internacional, ha radicado este lunes 19 de mayo una segunda versión de la consulta popular que negó el Senado la semana pasada. Lo hizo con un texto ampliado, que pasó de tener 12 preguntas para reflotar su reforma laboral rechazada por el Congreso, a 16, para incluir los elementos centrales de la también fallida reforma a la salud. El Senado tendrá de nuevo un mes para decidir si avala la iniciativa, lo que llevaría a que los colombianos puedan votar sí o no a cada uno de los interrogantes en una votación que se debería realizar a más tardar el 19 de septiembre. De pasar el umbral y tener mayorías por el Sí, el Estado luego deberá convertir las respuestas en leyes, decretos o resoluciones, que en algunos casos van más allá del ámbito estrictamente laboral y que pueden suscitar más debates que las preguntas de la consulta, que por su naturaleza son amplias y generales. Estos son los 16 interrogantes:

1. ¿Está de acuerdo con que la jornada de trabajo dure máximo ocho horas y la jornada diurna sea entre las 6.00 a. m. y las 6.00 p. m.?

Una de las preguntas más sencillas de entender para cualquiera es mover la hora a partir de la cual se paga un extra al trabajador por trabajar de noche, pasándolo de las actuales nueve de la noche a las seis de la tarde. Es uno de los cambios que también propone la mini reforma laboral del Partido Liberal, que inicia su camino en el Congreso en paralelo a la consulta. El Gobierno ha aclarado la redacción frente a la anunciada inicialmente, y con la actual queda claro que cualquier hora trabajada por encima de las ocho de un día contará como hora extra, lo que implica un recargo diferente al del horario nocturno.

2. ¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% por el trabajo los días de descanso dominical o festivo?

Se trata del otro punto de la fallida reforma del Ejecutivo y de la mini reforma liberal, y una de las pocas preguntas que no sufrieron cambios. Produciría un aumento del sobrecargo que reconocen los empleadores por el trabajo en los días que, según el Código Sustantivo del Trabajo, son de descanso. Actualmente, pagan un 175% extra sobre el salario normal, y la idea es que ese valor vuelva al 200% que tuvo por años, hasta una reforma que redujo los derechos de los trabajadores y que lideró Álvaro Uribe Vélez como presidente.

3. ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeña y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas de interés en materia de crédito e incentivos para sus proyectos productivos?

Es una pregunta más orientada a lo que el Gobierno ha llamado el incentivo a la economía popular que a los ajustes directamente laborales. En el ajuste entre la versión original y la radicada en el Senado, sin embargo, se ha perdido el adjetivo “preferenciales” respecto de las tasas, lo que abre un boquete a la pregunta. El presidente ha indicado de forma reiterada que el Estado, y la sociedad entera, deberían apoyar más a las unidades productivas que respondan a lógicas cooperativas, como por ejemplo en su pacto con los banqueros para inyectar más recursos. El Gobierno ya ha creado iniciativas en ese sentido, como las Asociaciones Público-Populares o el programa de economía popular para el cambio del Departamento de Prosperidad, por lo que esta pregunta se dirige a crear normas más permanentes con ese mismo fin.

4. ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender citas médicas y licencias por periodos menstruales incapacitantes?

La pregunta tiene dos partes. La primera, sobre las citas médicas, ya está en la legislación (el texto inicial se refería a los tratamientos médicos en general). Si bien se podría mejorar o fortalecer la regla, eso dependerá de cómo se implemente esta pregunta en caso de ser avalada. La segunda parte, sobre las licencias por períodos menstruales incapacitantes, obedece a un reclamo del movimiento feminista que ya ha sido convertido en ley en países como España y que era parte de la fallida reforma laboral del Gobierno en un artículo que buscaba también fortalecer los permisos médicos.

5. ¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar laboralmente al menos dos personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?

La pregunta plantea ampliar la cuota laboral para las personas con discapacidad, que hoy solo existe para el sector público, y que va del 1% al 3%, dependiendo del tamaño de la entidad. Es una propuesta que estaba incluida en la reforma hundida por el Congreso, pero que suscitó menos debate que otros de sus puntos. El texto inicial no incluía el adverbio “laboralmente”, dejando abierta la posibilidad de que se cumpliera con otro tipo de contrato.

6. ¿Está de acuerdo con que los aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral?

Se trata de otro de los puntos más sonados de la fallida reforma. Busca que la contratación de estudiantes del servicio público de formación técnica, el SENA, que es obligatoria para las empresas, tenga las mismas condiciones que la de un contrato laboral. Hoy en día tiene menores prestaciones sociales pese a hacer un trabajo similar, bajo la lógica de que se trata de un momento de aprendizaje y de que el enganche es obligatorio para las empresas con 10 empleados o más. El texto presentado una semana atrás hablaba de “aprendices jóvenes”, lo que podía restringir su impacto a las personas de menor edad.

7. ¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto y transporte acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social?

Otro de los puntos de la fallida reforma permitía flexibilidad en la forma de contratar a los trabajadores de las aplicaciones de reparto, como Rappi, Uber Eats o Didi Food. Pero las obligaba siempre a pagar el 100% de los riesgos laborales, cuando usualmente solo se paga si el contrato es laboral. Si el empleador y el empleado elegían que el enganche fuera como independiente, la organización debía asumir el 60% de los aportes en salud y pensión, no podría pactar cláusulas de exclusividad y debería garantizar el derecho al descanso. Se trata de un compromiso entre las demandas de los sindicatos y las de esas empresas. La nueva versión de la pregunta la amplía para cobijar a aplicaciones de transporte, como Uber o InDriver.

8. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios?

Otra propuesta bandera de la fallida reforma. Esta pregunta, que se mantuvo igual, busca formalizar el trabajo en el campo. Las centrales obreras propusieron que la pregunta prohibiera de entrada que el contrato se hiciera por horas, cuestión que esta pregunta mantiene abierta.

9. ¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales?

La lucha contra la tercerización y la intermediación (utilizar una empresa diferente a la que recibe el servicio, y que sirve como intermediario) es una de las grandes banderas del movimiento sindical, y esta pregunta la eleva, aunque limitada a un caso puntual. Los contratos sindicales, los que hacen uno o más sindicatos con empleadores para encargarse ellos de hacer ciertos servicios, pueden llegar a ser usados para tercerizar, dejando en cabeza del sindicato las cargas laborales. La Corte Suprema de Justicia ya ha dicho que no se pueden usar como artificios para la tercerización, por lo que la eliminación ya existe en la jurisprudencia. La nueva redacción elimina la exigencia de que esos contratos sindicales “violen derechos laborales”.

10. ¿Está de acuerdo con que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, y demás trabajadores informales, sean formalizados o tengan a la seguridad social?

La informalidad es vista por muchos expertos como el principal problema laboral en Colombia, pues supera al 50% de los trabajadores. El objetivo que plantea la pregunta es compartido, y el debate se ha dado sobre el mecanismo para llegar a esa meta, algo que el interrogante deja abierto. Entre las propuestas han estado el aportar a seguridad social por horas, crear mecanismos semiformales como los beneficios periódicos especiales o BEPS para la jubilación, o crear fondos estatales para contribuir a los pagos de seguridad social de los trabajadores por cuenta propia. La redacción cambió levemente.

11. ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?

La reforma fallida proponía que el contrato a término indefinido sea la regla general, y los contratos temporales solo puedan celebrarse para atender necesidades puntuales y hasta por un máximo de dos años, convirtiéndose en indefinidos si la labor continúa. Hoy existe esa misma regla y la Corte Suprema de Justicia ha dicho que si se dan contratos con un mismo objeto, se presume que hubo un contrato a término indefinido. El cambio podría ser que se facilitara el trámite para que un trabajador lo reclame. La pregunta se mantuvo igual.

12. ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas?

Se trata de una propuesta concreta para lograr la formalización o a la seguridad social de uno de los grupos a los que se refiere la pregunta 10, y que junto a la pregunta 8 puede dar un vuelco a la situación laboral en el campo. Como en muchas otras preguntas, el debate probablemente sea más agudo en la reglamentación concreta, en cómo lograr el objetivo, que en la idea general que propone la consulta popular. La pregunta se mantuvo intacta.

13. ¿Está de acuerdo con que el Gobierno Nacional compre o produzca los medicamentos necesarios para garantizar la entrega completa y oportuna a los pacientes?

La primera de las nuevas preguntas, relacionadas con la reforma a la salud, no plantea un cambio claro. Hoy el Gobierno ya puede comprar medicamentos para garantizar su entrega a los pacientes, por lo que no es claro qué cambiaría con la consulta. Actualmente el Ministerio puede hacer las llamadas compras centralizadas, según una ley que existe desde 2011, e incluso pude determinar los precios a los que deben ser vendidos los insumos. También los puede producir e incluso puede obligar a que los laboratorios liberen las patentes. El Gobierno Petro ha anunciado este año una resolución para ampliar los casos en los que hará compras centralizadas.

14. ¿Está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, se transformen en gestoras de salud y la ADRES pague directamente a hospitales y clínicas?

El elemento neurálgico en el debate y la negativa del Congreso a la reforma a la salud es el futuro de las Entidades Promotoras de Salud o EPS, instituciones públicas o privadas a las que se afilian los ciudadanos para que estas sirvan como aseguradoras de su salud. De nuevo, no es claro qué cambiaría con la consulta, dependería en casi totalidad de lo que defina luego la ley. Ya existe y funciona el pago directo de la ADRES, el fondo público que istra los dineros del sistema de salud, a los hospitales y clínicas; el Gobierno lo ha expandido y la consulta lo convertiría en la regla general. Pero, más que guardar el dinero, la función de las EPS es decir al Estado a qué prestadores pagar y cuánto dinero, tras comprobar que lo que cobran los hospitales o labratorio sea real. No es claro qué ocurriría con esto.

15. ¿Está de acuerdo en que se garantice a los colombianos un modelo de atención primaria en salud, preventivo y resolutivo, con ampliación de los servicios especializados necesarios, de carácter público, privado y mixto?

Se trata de la segunda gran bandera del Gobierno en su reforma a la salud. Hoy el sistema tiene un modelo de atención primaria en salud enfocado en la promoción y prevención a nivel local, por lo que la pregunta no aclara qué cambiaría. La ampliación de los servicios especializados también es una meta compartida con el sistema de salud actual; los ajustes que ha propuesto el Gobierno son quién determina cómo, cuándo y dónde se hace, si las EPS con sus redes o el Estado de forma centralizada. La pregunta no zanja ese punto.

16. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial que garantice a los empleados y trabajadores de la salud la vinculación formal, los derechos laborales y el salario justo?

Los objetivos del régimen laboral que plantea la pregunta son los mismos que tiene el sistema laboral general. Como en las otras preguntas nuevas de salud, el interrogante no explica cuál sería ese nuevo régimen ni cómo lograría las metas, por lo que el debate concreto quedaría aplazado para cuando el Estado deba ejecutar la consulta, de ser aprobada en las urnas.