El accidentado camino del litio en Bolivia: 17 años de promesas de un desarrollo económico que no despega

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En la celebración del aniversario 192 de Bolivia, en 2017, el entonces expresidente Evo Morales protagonizó un largo discurso en el que regaló titulares a los medios: “El día que Bolivia llegue a la gran industria en el tema del litio, será otro país que mande en el mundo, como Arabia Saudí con el petróleo”. Dos años después, en 2019, el Gobierno proyectaba hasta 2025 la construcción de 14 plantas industriales para extraer anualmente 150.000 toneladas del oro blanco. Llamado así por su papel crucial en la transición energética —al ser materia prima de las baterías de coches eléctricos—, Bolivia posee una de las mayores reservas del mundo, con 21 millones de toneladas cúbicas, según datos gubernamentales. Sin embargo, a día de hoy, existe una sola planta industrial, de la que se extrajeron en 2024 unas 2.000 toneladas, y cuyos ingresos fueron tan ínfimos que el país no aparece en las listas de mercado de litio de portales especializados.

El proyecto de industrialización del litio en Bolivia comenzó en 2008, cuando se anunció su nacionalización. Desde entonces, el proceso ha sufrido una seguidilla de postergaciones que alejan cada vez más el prometido desarrollo económico, más urgente aún ahora que el país afronta mínimos históricos en sus reservas internacionales por la reducción en la exportación de gas. Las razones de la demora van desde las peculiaridades geográficas que dificultan la explotación del salar de Uyuni —el más grande del mundo y que concentra la mayor parte del mineral— hasta la crisis política de 2019, que terminó con el derrocamiento de Morales y el abandono del programa. Pero, sobre todo, por una gestión ineficiente y atropellada que ha llevado a 11 ex de la empresa estatal dedicada a su industrialización, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), a ser acusados el año pasado por incumplimiento de deberes y otros delitos.

“La experiencia ha demostrado que la industrialización del litio tiene un alto nivel de complejidad, que para un país como Bolivia tal vez sea demasiado poder aspirar a un desarrollo con esta tecnología. No imposible, pero mucho más difícil de lo que cualquier gobernante hubiera imaginado”, comenta el sociólogo e investigador en actividades extractivistas Óscar Campanini.

“El gran problema es que nuestros gobernantes toman las peores decisiones posibles, no sé si consciente o inconscientemente, pero hay errores de orden técnico, de transparencia, de cómo operativizar la tecnología necesaria...”, continúa quien también es director del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB). La institución ha sintetizado años de seguimiento en el reciente cortometraje documental La tortuosa carrera del litio en Bolivia.

Planta ineficiente

A pesar de que se construyó una planta piloto en 2010, el primer paso hacia la ilusión del litio se dio en 2018, con el inicio de la construcción de la planta industrial en la localidad de Llipi (Potosí). Se anunció entonces una inversión de 96 millones de dólares para producir potencialmente 15.000 toneladas anuales del mineral. El complejo debió ser entregado en 2020, pero recién empezó a funcionar en 2024, según el Estado, por la convulsión social de 2019 y el cambio de autoridades, seguido por la pandemia del coronavirus. Su producción el año pasado fue del 13% de su capacidad, lejos del 30% que había comunicado en la inauguración la presidenta de YLB, Karla Calderón, para su primer año y fase inicial. Este medio o a la empresa estatal para conocer su versión al respecto pero no ha obtenido respuesta.

La estabilización de una planta de litio de este tipo suele tomar tres años, pero no se prevé que su funcionamiento vaya a mejorar, según expertos y legisladores que estuvieron en las instalaciones. Es el caso de una comisión del Senado que investiga el bajo rendimiento de la infraestructura. “El principal problema son las piscinas de evaporación que proveen la materia prima. De las 20 líneas de piscinas que hay en la planta, solo 12 están impermeabilizadas; el resto ha sufrido deterioros y no funciona”, declara a este medio la senadora Elena Aguilar, presidenta de la comisión que realizó la última inspección en abril. Se trata de gigantescas estructuras que pueden llegar a medir lo equivalente a 10 campos de fútbol cada una. A ellas se traslada el agua extraída de debajo de los salares, conocida como salmuera.

Gracias al sol y al viento, el agua se evapora en un lento proceso de hasta 12 meses. El líquido residual precipitado es rico en litio. El fondo de las piscinas está revestido con varias capas de geomembranas que impiden la pérdida de las sales, filtros que faltan o ya están desgastados en muchas de las que están en la planta de Llipi, según denuncia la comisión y la misma YLB. “Existe una auditoría interna que concluye que hay un desajuste entre el precio presupuestado y el ejecutado para el recubrimiento”, apunta Aguilar.

Como resultado, YLB presentó una denuncia en abril contra varios exfuncionarios, entre ellos el exministro de Minería, Alberto Echazú, quien cumple detención domiciliaria. La productividad y cantidad de piscinas es fundamental en el proyecto boliviano del litio, debido a la alta presencia de magnesio en la salmuera de Uyuni, una impureza que se debe eliminar y cuya concentración es hasta 10 veces mayor que la que existe en Chile, por ejemplo.

Nuevo camino, nueva frustración

El mismo presidente, Luis Arce, afirmó que hay un tiempo “perdido” que el país debe recuperar. Su propuesta fue cambiar la tecnología de evaporación por el método de Extracción Directa de Litio (EDL). Esta alternativa promete procesar en dos horas lo que antes tomaba hasta un año, usar menos agua y tener menor impacto medioambiental. El Ejecutivo convocó a un concurso internacional en 2021 para implementar esta vía y prometió producir entre 45.000 y 100.000 toneladas de litio por año para 2024 y 2025. Australia y Chile, el primer y segundo productor mundial del mineral, produjeron 86.000 y 44.000 toneladas respectivamente en 2023.

El consorcio chino CBC y la empresa rusa Uranium One fueron anunciados como ganadores del concurso, y en 2023 se formularon los contratos para cada una. Las controvertidas condiciones de los documentos son el último capítulo del drama del oro blanco en Bolivia. “Desde una visión neutral, China se perfila como un buen socio porque es el país que controla casi el total de las tecnologías para fabricar baterías de litio y es el líder mundial en vehículos eléctricos. Sin embargo, cuando se ven las condiciones económicas y medioambientales, ya no parece tan interesante la alianza”, asegura el analista en minería y miembro de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova. Esta organización dirigió los reclamos de la sociedad civil para que los contratos se hicieran públicos y presentó observaciones que tienen ahora su aprobación congelada en el Legislativo.

“La coyuntura económica de Bolivia ha presionado al Gobierno para aceptar estos contratos. El acuerdo con Rusia le permitiría al país obtener combustible, que tanto escasea. Por otra parte, una venta anticipada de carbonato de litio podría darle al Estado las divisas que necesita”, prosigue Córdova. En el aspecto monetario, le preocupa que el contrato con el consorcio chino contemple más que una inversión, un crédito, y que el Estado asuma la mayoría de los riesgos. “Es como un préstamo que debe ser pagado en 10 años, del que hemos calculado su tasa de interés —con base en consultas a bancos— en alrededor del 20%. La misma YLB ha hecho una estimación del 12%, que sigue siendo altísima”, agrega.

Otro aspecto que llama la atención es la desigualdad en las propuestas de producción entre ambas empresas. La rusa Uranium One ofrece, con un crédito de 976 millones de dólares, levantar una planta que produciría 14.000 toneladas de litio anuales. Mientras que la china CBC, con 1.030 millones de dólares, propone una planta con capacidad de 10.000 toneladas por año y otra para 25.000. Respecto al daño medioambiental, Campanini del CEDIB, alerta que existe un sector de comunidades que dependen del ecosistema del salar y que no fueron consultadas sobre los contratos, como manda la Constitución. “No se hizo un estudio del impacto hídrico que puede desestabilizar la región. Por eso hay una oposición con fundamento al proyecto desde estos pueblos”, asegura.

La amabilidad con el medio ambiente que se pregonaba de la técnica EDL no era tan cierta, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), citado por la Fundación Jubileo. “De acuerdo con esta investigación, este nuevo método conlleva un consumo de agua mucho mayor que el de las piscinas que se están utilizando actualmente”, sentencia Córdova. Los baches en los contratos han vuelto a alejar la esperanza del litio en Bolivia. A ello se suma la carrera contrarreloj que supone la mayor oferta del mineral, con nuevos países que se suman a su explotación. El litio llegó a tener un máximo histórico de cotización de 66.000 dólares por tonelada en 2020; su precio actual es de 8.600 por tonelada métrica.

Ruta correcta

Para los analistas, el panorama es poco alentador. Las ganancias recibidas por la estimada inversión de mil millones de dólares hasta la fecha les hacen pensar que el litio puede sumarse a la lista histórica de recursos desaprovechados por Bolivia en épocas de demanda. Sucedió con la goma en la segunda mitad del siglo XIX, con el estaño en las primeras décadas del siglo XX, y hasta hace poco con el gas. “Los beneficios quedaron concentrados en élites y empresas extranjeras, sin fortalecer instituciones ni diversificar la economía. Después, con la revolución de 1952, el Estado intentó redistribuir la renta mediante nacionalizaciones, pero la debilidad institucional y la corrupción impidieron que se canalizara hacia inversión productiva”, explica el economista Ricardo Fernández.

La crisis actual la atribuye a un modelo económico rentista redistributivo que funcionó bien mientras los precios internacionales eran altos y las reservas fiscales estaban llenas. ¿Qué hace falta, entonces, para que el país revierta con el litio esta tendencia histórica? “Si las plantas operan a plena capacidad, podrían generar entre 800 y 1.000 millones de dólares al año. No basta con extraer y exportar el mineral, la verdadera oportunidad está en fabricar en Bolivia productos de mayor valor, como cátodos o baterías”, sostiene Fernández. “Hay que auditar el uso de los recursos, crear tal vez un fondo soberano para invertir los ingresos en educación o tecnología, y asegurar que regiones como Potosí participen en los beneficios. Lamentablemente, la probabilidad de que se logre es baja”.