Totonicapán, el bastión indígena que planta cara al sistema corrupto de Guatemala: “Somos herederos de una historia de lucha”

Leticia Zapeta se ha ganado a pulso su liderazgo en Totonicapán. Ser mujer e indígena en Guatemala es como decir profesión de alto riesgo, pero ella ha sabido embestir las olas más recias y se ha convertido en líder comprometida en tierra brava. Totonicapán es conocida en Guatemala por su beligerancia y por una lucha centenaria porque se reconozcan los derechos de las poblaciones indígenas por centurias machacadas en este país centroamericano, a tal punto que paralizaron durante más de 100 días todo para que se respetara la toma de posesión del actual presidente Bernardo Arévalo. No es una defensa de la democracia que los ha mantenido en olvido, dicen, pero sí del voto de la mayoría de los ciudadanos de este país y Zepeta y sus paisanos se movilizaron para que la decisión de esa mayoría se respetara. “Somos herederos de una historia de lucha”, dice la mujer en la plaza central de Totonicapán, el bastión indígena que planta cara al sistema corrupto de Guatemala.

Lo han pagado caro. Guatemala es una ciénaga legal en la que un grupo muy poderoso controla al sistema judicial y donde más vale callar para no terminar en una mazmorra. Zapeta es alcaldesa comunal de Juchanep, localidad de Totonicapán, y forma parte de una organización que aglutina a 48 cantones (algo así como municipios) que luchan porque se reconozcan sus derechos. Luis Pacheco, expresidente del Concejo de alcaldes comunales de estos 48 cantones, y Héctor Chaclán, el extesorero de la organización, fueron recientemente detenidos y acusados de terrorismo por protestar por sus derechos, en lo que es visto como una represalia porque los habitantes de Totonicapán decidieron que se tenía que imponer la banda presidencial a Arévalo.

Esta es tierra brava, como bravo es el sol que la abrasa a más de 2.000 metros de altura. La población está a cuatro horas en coche de la capital, a través de estrechas carreteras al borde de abismos que miran a un bosque que parece infinito. El lunes un grupo de jóvenes jugaba al futbol en la plaza central del poblado mientras, sudorosos, se animaban entre ellos en quiché, la lengua local. Más allá, las vendedoras de verduras y frutas, vestidas con sus coloridos huipiles y enaguas, se contaban sus cuitas en un pequeño mercado improvisado sobre la calzada, los hombres que vendían cinturones de cuero de vaca (cinchos, los llaman en Guatemala) hablaban de futbol, mientras unos perros de costillas pronunciadas esperaban las migajas de una familia que devoraba un pollo frito bajo el alero de tejas de una casa esquinera. Zapeta se mueve en este territorio como jefa y habla como tal. “Estamos enfrentando la criminalización de dos de nuestros exlíderes, pues de igual manera estamos en su defensa, nos estamos manifestando, porque en ningún momento ellos actuaron a título personal. Los acusan de terrorismo y de obstaculización a la persecución penal. Pues que los acusen de terrorismo, pero siempre salimos a la defensa de nuestros derechos, pero nunca lo hacemos violentando, nunca lo hacemos infundiendo temor, sino que siempre nos acompañan nuestras comunidades y nuestras varas que simbolizan justicia y respeto”, asegura a EL PAÍS la mujer frente a un mural que denuncia las mil violaciones que ha sufrido esta comunidad durante siglos.

La del mural ocurrió en 2012 en una localidad que lleva el nombre de Alaska. Es un valle en medio de altas montañas en el altiplano guatemalteco, donde la bruma oscurece todo, tanto como el hambre aflige las barrigas de sus pobladores. Fría y llena de pinos, es una belleza más en este país hermoso. Parecería que la paz reina aquí entre mariposas coloridas y aves cantoras, pero el 4 de octubre de ese año el ejército guatemalteco, conocido históricamente por su odio a los indígenas (aquí se vivió con horror el genocidio ordenado a mando militar por la voz del dictador Efraín Ríos Montt), volvió a empuñar las armas para reprimir una protesta. Siete personas murieron y otras 30 resultaron heridas, pero la herida que más sangra es la de la represión continua contra esta comunidad, que es voz de denuncia. “Es una venganza política, porque gracias al levantamiento de los pueblos indígenas fue que se detuvo que no permitían que llegara el presidente Arévalo presidencia”, recuerda Zapeta.

Arévalo ganó la elección, pero la maraña parda que en Guatemala se conoce como el pacto de corruptos casi le impide que tomara posesión. Si no hubiera sido por el apoyo de los indígenas de Totonicapán, bravos como desde hace siglos, tal vez el presidente no estaría sentado ahora en la silla del Palacio de Ciudad de Guatemala. Un gesto que él reconoce y agradece, a tal punto que cuando los líderes de la comunidad fueron apresados hace unas semanas, compareció con sus compañeros para demostrar su respaldo. Pero en la Guatemala de hoy ese gesto es poco potente. El país centroamericano está en manos de un pequeño pero poderoso grupo que controla la justicia, lo que aquí se llama ese pacto de corruptos que es una trama de empresarios mañosos, militares y políticos que manejan en la sombra los hilos del poder para que nada cambie en Guatemala. Uno de sus principales títeres es Consuelo Porras, fiscal general, convertida en enemiga acérrima de Arévalo y sus reformas. El presidente, atado, se limita a posar en la foto con los indígenas.

Y en Totonicapán no se lo reclaman. Preguntados sobre la deuda que el mandatario tiene con este poblado, sus líderes son cautos. Romeo Tíu, un hombre con aspecto de sabio y que lleva 35 años liderando la lucha por los derechos humanos, dice que Arévalo carga 40 años de injusticias, y que esa es una factura muy grande para un solo hombre. Es una relación distante con el Estado, explica, pero dice que debe de haber puentes para lograr un entendimiento. Sus dardos van contra el sistema de justicia, corrupto, a tal punto que persigue a sus mismos jueces si estos muestran respeto a la ley. “Utilizan el instrumento jurídico para tener el control político”, denuncia.

Zepeta, Tíu y otros líderes indígenas se reunieron en Totonicapán durante casi todo el día del lunes convocados por el festival Centroamérica Cuenta para hablar de la participación de las poblaciones indígenas en la lucha por las libertades. Fue una jornada intensa, en la que estos líderes y lideresas discutieron sobre su empeño por ser escuchados. El festival, dirigido por el escritor nicaragüense y premio Cervantes Sergio Ramírez, pretendía con este gesto darle voz a una población que no sale en los titulares internacionales, pero que es el símbolo más palpable de la reivindicación en Guatemala. “La coalición de redes de corrupción conocida coloquialmente como pacto de corruptos intenta de manera desesperada descarrilar la democracia y retomar el control del Estado, pero estamos seguros de que no lo lograrán”, dice Ricardo Sáenz de Tejada, antropólogo y politólogo que estuvo entre los organizadores del evento.

Hubo ceremonia en la que se invocó a ancestros y se encendió una vela rodeada de pétalos de flores de colores amarillo, rojo, violeta y blanco, pero sobre todo un mensaje, de voz de Zapeta, la lidereza indígena que se ha ganado a puño la confianza de su gente: “Somos herederas de una historia de lucha y dignidad. Esa herencia la traemos desde siglos. No somos terroristas, simplemente queremos hacer que se respeten nuestros derechos y que se nos permita la participación en la toma de decisiones políticas”. Totonicapán, el poblado bravo de Guatemala, no tolera más el olvido.