Milei cierra la unidad especial que había creado para investigar el ‘caso $Libra’

Con un simple decreto, Javier Milei eliminó la unidad especial creada hace tres meses para investigar el presunto fraude con la criptomoneda $Libra, que lo tuvo a él mismo como principal promotor y provocó millonarias pérdidas a inversores de todo el mundo. Aunque no se difundió ningún informe ni resultado del supuesto trabajo realizado, el Gobierno dio por cumplido el propósito de la unidad dependiente del propio Ejecutivo. Los diferentes sectores de la oposición a Milei cuestionaron el decreto presidencial y anunciaron que este miércoles intentarán hacer avanzar en el Congreso a la comisión investigadora del mismo caso $Libra, hasta ahora obstaculizada por el oficialismo. Mientras tanto, los hechos continúan bajo la lupa de los tribunales judiciales de Argentina y de Estados Unidos.

Apenas unas horas después de festejar su triunfo en las elecciones parlamentarias de la ciudad de Buenos Aires, el Gobierno publicó este martes el decreto 332, firmado por Milei y su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El ministro se limitó a comentar que la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) fue suprimida “una vez concluida su tarea”.

La letra del decreto indica que la UTI requirió datos sobre el criptoactivo a distintos organismos del Estado —como la Unidad de Información Financiera, la Aduana, la Cancillería, la Oficina Anticorrupción, la Inspección General de Justicia, entre otros— y le envió todo lo recabado al Ministerio Público Fiscal, la dependencia encargada de la acusación en el sistema judicial argentino. “La tarea encomendada […] fue cumplimentada, por lo que corresponde disolver la unidad”, decretó Milei.

La UTI había sido creada por el Ejecutivo para intentar aplacar el escándalo que asediaba al Gobierno hace tres meses. El viernes 14 de febrero, Milei había publicado un mensaje en su cuenta de la red X promocionando la criptomoneda $Libra y compartiendo el vínculo web para invertir. Casi en simultáneo, el activo digital era lanzado al mercado y unos pocos operadores lo compraban a un exiguo valor, para venderlo en las horas siguientes a un precio muy superior gracias al aval presidencial. La salida masiva de sus principales tenedores derrumbó el valor de $Libra y dejó, de un lado, a miles de damnificados, y del otro, a unos pocos con ganancias millonarias.

Cinco días después, el Gobierno anunciaba en un comunicado oficial: “El presidente Javier Milei ha decidido darle intervención de forma inmediata a la Oficina Anticorrupción (OA) para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio presidente”. También daba a conocer la conformación de la UTI, bajo la órbita del Ejecutivo, “a los efectos de iniciar una investigación urgente respecto del lanzamiento de la criptomoneda $Libra y todas las empresas o personas implicadas en dicha operación”. Hasta el momento no hay información oficial sobre el resultado de las acciones de la OA y la UTI en el caso.

Para la oposición al Gobierno, el decreto de Milei que cerró la UTI tiene como objetivo garantizar su propia impunidad. “Nunca quisieron investigar nada porque está clara la participación del presidente y funcionarios en la estafa”, dijo el diputado Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda. Para el legislador Fernando Carbajal, de la centenaria Unión Cívica Radical, el cierre de la UTI busca “encubrir el escándalo”. “Milei estafó a miles con la cripto $Libra. Creó una unidad de tareas para que su propio ministro lo investigue. Ahora, por decreto, la cierra. ¿Y el informe? Bien, gracias”, cuestionó la senadora peronista Anabel Fernández Sagasti.

Los bloques opositores acordaron convocar una sesión de la Cámara de Diputados este miércoles y pretenden nombrar a las autoridades de la comisión parlamentaria especial creada para desentrañar el caso $Libra. El partido del Gobierno, La Libertad Avanza, y sus aliados han conseguido bloquear, por ahora, cualquier avance de la comisión.

La semana pasada, la justicia argentina solicitó al Banco Central de la república datos sobre las entidades financieras y bancarias relacionadas con el presidente y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia. El requerimiento, que persigue esclarecer la evolución patrimonial de los investigados, incluyó también a otros tres imputados en el posible desfalco con $Libra: Sergio Morales, un exasesor de la Comisión Nacional de Valores, y los operadores “cripto” Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes se reunieron con Milei antes del lanzamiento de la criptomoneda y habrían sido su vínculo con el empresario estadounidense Hayden Davis, principal creador de $Libra, y el singapurense Julian Peh, otro empresario implicado.