La jueza rechaza las medidas cautelares solicitadas contra la refinanciación de Prisa

El juzgado de lo Mercantil número 18 de Madrid ha desestimado la imposición de medidas cautelares contra el acuerdo de refinanciación alcanzado a finales de marzo entre Prisa, compañía editora de EL PAÍS, y sus acreedores PIMCO y Barclays, así como contra la ampliación de capital vinculada al mismo. El auto, fechado este lunes, rechaza todos los argumentos presentados por las demandantes, Andrés Varela y Global Alconaba, sociedad propietaria del 7,076% del capital de la compañía, que en un primer término reclamó la suspensión urgente de dichos acuerdos, solicitud que fue desestimada por el mismo juzgado a principios de abril.

El auto, firmado por la magistrada Lucía Martínez Orejas, desestima todas las alegaciones presentadas por Global Alconaba. Esta reclamaba la impugnación de dos cláusulas contenidas en el acuerdo inicial sellado entre Prisa y sus acreedores: la de una potencial renegociación de la refinanciación pactada en caso de cambio de presidencia; y la relativa a la consideración de cambio de control, que eleva hasta el 25% el capital necesario para que los financiadores no puedan activarla.

La parte demandante alegaba un supuesto riesgo de demora procesal para solicitar la suspensión cautelar, que la jueza no considera suficientemente acreditado para “paralizar la oportunidad actual de refinanciación”. Tampoco comparte la inexistencia de buen derecho, alegada por Global Alconaba, en tanto que “la refinanciación propuesta no era tempestiva, y responde a una necesidad razonable de la sociedad”.

En concreto, tras analizar toda la prueba aportada en la vista celebrada el 23 de abril, el Juzgado considera en su auto que “la petición parcial que realizan los demandantes, deslindando las condiciones que consideran contrarias al interés social del resto del bloque de condiciones pactadas, es inviable”, puesto que “los financiadores articulan los mecanismos de protección de su crédito de la forma que consideran más adecuados y convenientes para la defensa de sus intereses”, lo que lleva al Juzgado a considerar que no concurre el requisito de periculum in mora indispensable para poder adoptar una medida cautelar.

Además, el auto describe cómo el consejo de istración de Prisa fue informado de las negociaciones a lo largo de los últimos meses y recibió la información sobre el acuerdo con los acreedores en cuanto se alcanzó, cuatro horas antes de su celebración, “y con la presencia del asesor financiero para atender las dudas que pudieran surgir”. Por ello, rechaza la concurrencia de un “interés espurio” por parte del presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, “sin que se haya esbozado el más mínimo argumento que justifique por qué iba a interesar a los prestamistas que les fueran impuestas dichas condiciones al pactar el aplazamiento del cobro de su crédito”.

La jueza rechaza que la refinanciación sea una operación vinculada que exija la aprobación de una dispensa por parte de la junta general de accionistas; y también que el presidente de Prisa tuviese la obligación de ausentarse de la votación del acuerdo, en la que se abstuvo, negando la existencia de un conflicto de interés patrimonial.

“Todo apunta al fairness o razonabilidad de la refinanciación que se pretende aprobar”, dice el auto. Contra el mismo cabe recurso de apelación.

Además, el Juzgado considera que “la existencia de evidentes discrepancias públicas entre el accionariado y una línea de negocio que no apoyaban los financiadores es un indicio claro de que las cláusulas del hombre clave y cambio de control constituyen garantías para perpetuar la actual línea de gestión”, lo que, según el auto, “impide a su vez considerar la concurrencia de interés espurio por parte del Presidente del Consejo”.

La refinanciación de la deuda, que Prisa prevé cerrar de forma inmediata, extenderá los vencimientos hasta 2029 y reducirá los costes financieros, además de flexibilizar algunas de sus ratios financieras. La misma “permitirá reforzar la estabilidad financiera y focalizar la compañía en el desarrollo estratégico de los negocios”, explicó la compañía en la información relativa a los resultados del primer trimestre del ejercicio.

De forma previa, como parte de ese acuerdo, Prisa completó el 26 de marzo una ampliación por el 9,95% de su capital social con el fin de captar 40 millones de euros. El objetivo de la misma era la cancelación de un tramo de deuda junior, una condición precedente exigida por los acreedores financieros para la formalización de la nueva refinanciación del pasivo del grupo. A 31 de marzo, la deuda neta se situaba en 664 millones, el nivel más bajo de los últimos 20 años.