El Gobierno analizará “caso a caso” si los menores migrantes que han solicitado asilo deben salir de Canarias
Ángel Víctor Torres asegura que hay que estudiar el arraigo del niño en la comunidad, mientras que Fernando Clavijo mantiene que para aliviar el hacinamiento han de salir a otros territorios


Minicumbre entre el Gobierno y el Ejecutivo canario en Tenerife para dar respuesta al fallo del Tribunal Supremo que obligaba a que algo más de 1.000 menores migrantes no acompañados que han solicitado asilo pasen al sistema nacional de acogida. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha garantizado en declaraciones a los medios este jueves tras la reunión mantenida en Santa Cruz de Tenerife que el Gobierno de España “va a respetar lógicamente ese fallo, lo va a llevar a la práctica”. Torres ha matizado, sin embargo, que esto no implica que los menores salgan necesariamente de Canarias. “Hay que hacer un trabajo con la comunidad autónoma”, ha explicado, “caso a caso” para comprobar su nivel de arraigo y saber si “deben estar o no” en las islas. El ministro ha subrayado que resulta “imposible” que “pasen, como si fueran una bolsa, de un lado a otro, 1.000 menores de la noche a la mañana”. “Para resolver el problema de hacinamiento”, ha asegurado por su parte a los medios el presidente canario, Fernando Clavijo, “obviamente tiene que salir de la comunidad autónoma”.
El día 26, el Tribunal Supremo instó al Gobierno a hacerse cargo de más de un millar de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que están actualmente a cargo de los servicios de protección de menores de Canarias. Para avanzar en su cumplimiento, se ha organizado este jueves una reunión interministerial, que ha contado con la presencia, además de Clavijo y de Torres, de representantes de la ministra de Migraciones, Elma Saiz. La titular de Infancia y Juventud, Sira Rego, intervino de forma telemática.
En los últimos días, Canarias ha reclamado al Gobierno central que este millar de menores salga del archipiélago para aliviar el “hacinamiento” que se da en el sistema de acogida autonómico. Algo a lo que Torres ha puesto un cierto freno este miércoles. En sus declaraciones a los medios, el ministro canario ha remarcado que el Supremo “no dice” que esos menores solicitantes de asilo “deben quedarse” en Canarias “o irse a otro lugar, lo que dice es que deben estar en el sistema nacional”.
La salida de esos menores, obviamente, se tiene que hacer caso a caso”, ha coincidido Clavijo. “No es lo mismo la realidad de un menor a lo mejor de ocho o de nueve años que está con una familia canaria y escolarizado, a un menor de 17 años que está pronto a cumplir 18 y que, además, por ser susceptible de asilo político y de protección internacional, sale con un permiso de trabajo”. Sin embargo, sí ha incidido en que “una de las circunstancias que estaba generándole un quebranto de sus derechos al menor, y lo dice el Supremo, es el hacinamiento”, ha declarado. “Y el hacinamiento se resuelve llevando a los menores a otros recursos, donde van a poder ser atendidos”. Y ha concluido: “Un menor que esté con una familia canaria no está en un recurso saturado, pero un menor que está en un recurso con 300 menores más sí lo está”.
Torres defendió que la modificación de la Ley de extranjería permitirá los traslados automáticos de menores migrantes entre comunidades autónomas cuando un sistema de protección llegue al triple de su capacidad servirá para solucionar estas situaciones de “hacinamiento, no solo para los 1.000 menores solicitantes de asilo, sino para más de 4.400″ que actualmente residen en Canarias y en Ceuta.
Respecto a esta modificación, el líder nacionalista canario también ha vuelto a criticar en declaraciones a los medios la postura de algunas comunidades gobernadas por el PP, respecto al traslado a otras regiones de parte de los menores migrantes no acompañados que tutela el archipiélago. El Consejo de Ministros aprobó esta derivación el 18 de marzo, a través de una modificación de la ley de extranjería que el Congreso tendrá que ratificar el 10 de abril. El miércoles, Clavijo acusó a estas regiones de “mala fe”. Y este jueves, ha explicado que cree “que algunos se están tomando esto como una batallita política, como desgraciadamente se está convirtiendo la política en Madrid”. “Nos olvidamos que detrás de esas tácticas dilatorias, lo que hay son niños y niñas que están viendo vulnerados sus derechos”, ha zanjado.
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