El alcalde de Valladolid llevará a los tribunales la nueva estación de tren proyectada por 253 millones de euros

El Ayuntamiento de Valladolid (PP y Vox) acudirá a los tribunales para intentar impedir una nueva estación de tren con 253 millones de euros de inversión. Así lo ha anunciado el alcalde, Jesús Julio Carnero (PP), para oponerse a los planes del Ministerio de Transportes, comandado por su predecesor y enemigo político, Óscar Puente (PSOE). Este ha reivindicado una moderna infraestructura para convertir a Valladolid en un eje de comunicaciones ferroviarias con el norte de España, si bien la obra impide el mantra del gabinete pucelano: el soterramiento de las vías. Carnero insiste en enterrarlas y el ministerio lo rechaza por el altísimo coste económico y la complejidad del proyecto. El regidor ha anunciado este martes que llevará la iniciativa ministerial a los tribunales, mediante un recurso contencioso-istrativo, para “defender la posición del Gobierno municipal ante el proyecto de la nueva estación”. Puente, hace unos días, reiteró la negativa y recordó que la competencia es estatal y no municipal.

La cuestión ferroviaria se ha convertido en el gran tema de la legislatura, como también lo fue en la campaña electoral de las derechas, sin que en estos dos años de mandato hayan llegado avances. El PP reivindica un viejo proyecto de soterramiento, idea política de finales del siglo pasado y que ni con mayoría del PP en Valladolid, Castilla y León, y España llegó a aprobarse merced a su alto coste, pues Transportes lo estima en 3.000 millones de euros y entre 16 y 19 años de trabajos. El Ayuntamiento reduce los cálculos apoyándose en estudios valorados en unos 17.000 euros asignados a entidades afines al PP o cercanas a familiares al PP de Madrid. Entretanto, en la ciudad avanza lo acordado en 2017 entre el Ayuntamiento entonces de Puente, la Junta (PP) y el Gobierno de entonces (PP): un modelo de integración ferroviaria ya en desarrollo, con 1.600 millones asignados por el ministerio, que sí sería acorde a la estación de tren trazada por Transportes.

Carnero, quien en las últimas semanas ya había insinuado que su gabinete valoraría todas las opciones para mostrar su posición respecto a la infraestructura, ha confirmado este martes en Pleno municipal que elevará a la Justicia la iniciativa ministerial. El alcalde ha apelado a reivindicar “la posición de la ciudad” y “defender sus intereses” mientras critica que Transportes no tenga en consideración sus demandas. El primer edil niega “renunciar a la estación de trenes” pero incide en acudir a los tribunales en nombre de “los derechos que corresponden a la ciudad”.

“En este proyecto hay, aparte de cuestiones meramente ferroviarias, cuestiones que afectan a la ciudad. Sí a la estación de trenes, pero sí a la participación del Gobierno municipal en la configuración que queremos para la ciudad”, ha desarrollado el agraviado. El recurso obedece a que, según sus servicios jurídicos, la Ley ferroviaria requiere un plan específico de ordenación de la zona y que lo proyectado implica “un desconocimiento consciente de las competencias y facultades municipales urbanísticas que afectan a un elemento tan significativo como es el entorno de Campo Grande, sin tener en cuenta las secuelas para la movilidad urbana”. El posicionamiento ha conllevado la respuesta del socialista Pedro Herrero, quien ha recordado que pese a las quejas, el Ayuntamiento está cumpliendo lo acordado en el plan de integración, antagónica al soterramiento, y ha cargado contra el alcalde: “Está intentando boicotear la construcción de la nueva estación de tren”.

Puente presentó en persona el proyecto en febrero y recalcó que los 253 millones comprometidos en unos trabajos que se extenderán hasta finales de 2029 se deben al crecimiento de Valladolid como “eje neurálgico para la conexión ferroviaria del norte de España” y le otorgó una “importancia muy grande porque Valladolid es un punto vertebrador de la red ferroviaria”. La estación, aseguró, podría acoger en 2035 a más de cinco millones de pasajeros anuales y negó que fuese a “nacer pequeña” si seguía creciendo el tráfico de los convoyes, si bien un eventual soterramiento haría aún más complejo ganar espacio para nuevos raíles y extensiones.

La actitud de la corporación local ha generado críticas del ministro, quien hace unos días se manifestó así en un foro organizado por El Norte de Castilla en cuanto a la posible denuncia del Ayuntamiento: “No podemos seguir jugando como los niños, no digo que no a la estación, pero con soterramiento. En el mundo de los adultos, no hay más. O hacemos lo que tenemos que hacer o hay una quimera en el horizonte que nunca llegará. El ministerio no puede renunciar porque necesitamos la estación. Si hubiera una solución para habilitar un hipotético soterramiento que nos llevará un año o dos… Pero no lo hay porque para hacer eso hay que hacer un proyecto de soterramiento y no hay un proyecto real”.

Agravios comparativos con Valladolid

La inversión estatal sobre Valladolid ha despertado quejas en Castilla y León, comunidad marcadamente provincialista y con históricos enfrentamientos entre los territorios y sus políticos, a veces bajo las mismas siglas. Puente comenzó su intervención en febrero considerando esas posibles críticas: “En algún lugar de la comunidad dirán que como el ministro es de Valladolid… Esta estación no se va a hacer porque yo sea ministro de Transportes”. Las noticias provocaron una amplia reacción autonómica. El PP de Zamora emitió un comunicado protestando contra el desembolso y lo comparó con lo que consideran escasez de implicación hacia esta provincia; el PP de Aranda de Duero (Burgos) también reprochó este proyecto porque “choca con la desidia y abandono a la que se somete al sur de la provincia de Burgos en una inversión tan necesaria como es la línea del Tren Directo”, otra añeja reivindicación que Puente ha declinado. El partido soriano Soria ¡YA! también se expresó con un “Cada cual que saque sus conclusiones” aunque después rebajó el tono: “Nuestra conclusión. Esto no va de por qué en Valladolid un proyecto así y en Soria uno más pequeño. Nos alegramos por Valladolid”.

La gran reacción provino de León, ciudad y provincia con sentimiento de agravio contra la Junta de Castilla y León y contra Valladolid por las acusaciones de centralismo. Los leonesistas de la Unión del Pueblo Leonés afearon el “agravio comparativo” mientras el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, socialista como Óscar Puente y rival suyo durante sus años como homólogos, escribió en redes “Dios me libre de hacer valoraciones” y posteriormente tildó la estación de “alarde provocativo” y se dirigió así a su compañero de partido: “Espero que su carrera política no le lleve lejos”.