La vigente Estrategia de Seguridad Energética Nacional tiene ya diez años y se ha quedado obsoleta

España ha afrontado la mayor crisis energética de su historia con una Estrategia de Seguridad Energética Nacional que tiene ya diez años de antigüedad y está obsoleta. Ante la necesidad de renovarla, el Consejo de Seguridad Nacional aprobó el 6 de octubre de 2020 el procedimiento para elaborar una nueva pero, aunque se redactó un borrador, nunca llegó a aprobarse, por lo que sigue en vigor la de 2015, según fuentes que estuvieron involucradas en el proceso.

Varios son los factores que explican esta demora. Primero fueron las urgencias derivadas de la pandemia de covid-19. Luego, la decisión de anticipar la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, el documento genérico del que derivan las estrategias sectoriales. Lo lógico era que la nueva Estrategia Energética Nacional se adaptara al marco estratégico diseñado por el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que la vigente fue aprobada en 2015 con Mariano Rajoy como presidente. Se da la circunstancia de que esta remite a la Estrategia de Seguridad Nacional de 2013 pese a que, con posterioridad, se aprobaron las de 2017 y 2021.

La Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre de 2021, de carácter general, incluye la “vulnerabilidad energética” entre los riesgos para la seguridad de los españoles, pero solo menciona como “factor de vulnerabilidad” la dependencia de los hidrocarburos y, como “riesgo sistémico a nivel global”, el cambio climático. Como conclusión, subraya: “El nuevo paradigma energético obliga a una revisión de la Estrategia de Seguridad Energética Nacional de 2015”. Fue la segunda vez que un documento oficial publicado en el BOE incluía este mandato.

Pero no se ha cumplido en los tres años y cuatro meses transcurridos desde entonces. La invasión de Ucrania, en febrero de 2022, volvió a desviar el foco de las preocupaciones en materia de seguridad, a pesar de que el uso del suministro de gas como arma de presión contra Occidente por parte del presidente ruso, Vladímir Putin, puso en evidencia que se trataba de un asunto extremadamente sensible y urgente.

La Estrategia de Seguridad Energética Nacional de 2015, aún vigente, incluye entre los riesgos “la actualización insuficiente e inversiones inadecuadas en infraestructuras energéticas” y advierte de que “su mantenimiento y actualización” resultan necesarios para el desarrollo de las interconexiones de la red de la península Ibérica con la del resto de países de la UE, que considera insuficientes. Además, advierte de que “accidentes industriales graves” en infraestructuras energéticas, debidos a fallos técnicos o errores humanos, pueden comprometer la seguridad energética nacional.

También muestra preocupación ante la posibilidad de sufrir ciberataques, ya que “la infraestructura energética tiene un soporte fundamental en los Sistemas de Información y Comunicaciones para su operativa diaria y son vulnerables a ataques cibernéticos que puedan provocar la pérdida de control sobre dichos sistemas o la emisión de mensajes erróneos en la operación que, a su vez, pueden ocasionar fallos o accidentes técnicos”.

Como medidas para afrontar estos riesgos, recomendaba “diseñar protocolos para la gestión de crisis y la movilización de recursos humanos y materiales; desarrollar la colaboración público-privada en la protección de las infraestructuras energéticas; desarrollar planes de contingencia; y favorecer el acercamiento de la generación [de energía] y el consumo que evite el riesgo asociado al transporte”.

Para hacer frente al riesgo de ciberataques, la estrategia aboga por desarrollar planes de contingencia que mejoren la resiliencia de los Sistemas de Información y Comunicación usados por el sector energético, para garantizar la continuidad del suministro; proteger la información sensible sobre infraestructuras energéticas; impulsar la cooperación entre la industria energética y los servicios de ciberseguridad para mejorar conjuntamente las capacidades de detección, prevención, respuesta y recuperación; mejorar los canales de comunicación de incidentes para garantizar o restablecer el suministro; promover el intercambio de información e inteligencia sobre vulnerabilidades y ciberamenazas; asegurar la implantación de la normativa sobre protección de infraestructuras críticas; y proteger las infraestructuras energéticas desde la perspectiva de la seguridad integral.

Se trata, en su mayoría, de medidas de carácter preventivo que no sirven para gestionar la crisis una vez que ya se ha desencadenado. Por eso, el Gabinete de Crisis recurrió el lunes al llamado Plan de Preparación frente a las Crisis de Electricidad en España, para declarar la “crisis energética” y tomar algunas medidas, como la movilización de parte de las reservas estratégicas de gas. El documento contiene una escala de crisis de electricidad, que pueden ir desde insignificantes, las de menor grado, a desastrosas, las más agudas. La crisis se clasifica en el umbral mínimo cuando el indicador ENS (energía no suministrada) es inferior al 0,002% de la demanda anual de España en megavatios hora; y en el máximo, cuando el ENS es igual o superior al 0,25%. A su vez, la crisis será menos grave si esta situación dura menos de tres horas y gravísima si se prolonga 168 horas (una semana) o más. También se tiene en cuenta la población afectada o el número de hogares vulnerables sin suministro eléctrico.

Sin embargo, este plan, según los expertos, se centra en la gestión que puede realizar el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en colaboración con Red Eléctrica, para recuperar el suministro e investigar las causas de un apagón sin precedentes que dejó sin luz a España y Portugal, pero apenas aborda de pasada sus consecuencias sociales y económicas: desde la suspensión del transporte ferroviario, con miles de personas atrapadas en los trenes, a la necesidad de garantizar el suministro de hospitales y servicios esenciales o el potencial incremento de la delincuencia aprovechando la falta de iluminación o de dispositivos de alarma conectados a la red eléctrica. Todos estos aspectos debían abordarse en la nueva Estrategia de Seguridad Energética Nacional, aún pendiente.