30 años del entierro del cementerio nuclear de Andújar

“Si la gente supiera lo que hay enterrado bajo esa montaña, no pasaría por ahí”. A sus 84 años, Manuel Navas Fuentes es uno de los pocos testimonios vivos de la Fábrica de Uranio de Andújar (FUA), considerada la primera instalación radiactiva del país. Ahora se cumplen 44 años de su cierre y 30 desde que fue enterrada en el mismo lugar en el que estuvo operativa durante 22 años, gestionada por la antigua Junta de Energía Nuclear. Bajo ese gran montículo, a escasos 600 metros del casco urbano de Andújar (Jaén), hay sepultados 1,2 millones de toneladas de basura nuclear, incluidas todas las instalaciones de la fábrica.

Manuel Navas perdió en febrero a su mujer, Manuela López. Los dos se conocieron cuando trabajaban en la FUA, él en el proceso de tratamiento del uranio y ella, en el laboratorio. Como la mayor parte de los 126 operarios de la nuclear, Manuela murió víctima de un cáncer por su exposición al uranio durante más de dos décadas y por trabajar sin ninguna protección. “Le dije que si no dejaba la fábrica no me casaba con ella”, señala Manuel Navas mientras evoca la época oscura y trágica vivida entre 1959 y 1981, cuando estuvo activa la fábrica.

Manuel padece artrosis, múltiples patologías respiratorias y requiere de oxígeno durante 16 horas al día. A él, como al resto de compañeros, lo jubilaron por enfermedad común porque, pese a los muchos años que estuvieron en o con el uranio, nunca lograron su vieja aspiración del reconocimiento de enfermedad profesional, lo que les hubiera resarcido, al menos, en el plano económico al revalorizarse sus pensiones. Solo se le reconoció, tras actuar de oficio la Seguridad Social, la enfermedad vinculada a la exposición al uranio a uno de los trabajadores que sufrió silicosis.

“Aunque el miedo siempre ha estado en el ambiente, la verdad es que la gente ya está cansada y pasa mucho de la nuclear, yo creo que es porque no son conscientes del peligro que entraña lo que hay enterrado ahí”, expone Eva Navas, hija de Manuel y Manuela y que, como la mayoría de vecinos de Andújar, permanece ajena al ruido externo que ha generado la reapertura del debate político sobre el uso de las nucleares, para las que el PP ha pedido en el Congreso, sin éxito, la ampliación de su periodo de vida.

La FUA trataba mineral para la obtención de concentrado de óxido de uranio con una pureza del 80% al 90%, que más tarde se enviaba a las centrales nucleares de Zorita y Garoña antes de transportarse en bidones a Francia o Estados Unidos para su utilización en los reactores de las centrales nucleares.

Los antiguos empleados y sus familiares aseguran que trabajaban sin protección alguna y que nunca fueron conscientes del peligro que corrían, ya que el dosímetro que portaba cada uno para medir la radiación siempre daba resultado negativo. “Estaban manipulados”, subraya, rotundo, Manuel Navas, que recuerda que eran obligados a lavar la ropa de trabajo en su propio domicilio, “y siempre salía amarilla al lavarla”.

Aunque la FUA estuvo en activo hasta 1981, no fue hasta el año 1995 cuando la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa), concluyó los trabajos de desmantelamiento de la factoría. Los trabajadores vieron entonces con sus propios ojos cómo quedaba sepultado todo el paisaje que les había acompañado durante décadas, desde las mesas y las sillas que ellos utilizaban hasta los árboles de los alrededores.

Desde entonces, Enresa mantiene un programa de vigilancia y mantenimiento para verificar el correcto estado de las instalaciones y el cumplimiento de los límites impuestos por el Consejo de Seguridad Nuclear. De este modo, Enresa continúa con el control de las aguas subterráneas del entorno de la FUA sobre seis sondeos dentro del límite del vallado, y en 11 pozos y 10 sondeos distribuidos en los alrededores de la instalación.

Enresa viene asegurando de forma permanente que los valores registrados en estos sondeos no suponen un riesgo para las personas o el medio ambiente, aunque el grupo político Adelante Andalucía alertó recientemente de la persistencia de la contaminación de las aguas subterráneas. En concreto, aludieron a un informe que revela que en 2018 se superó casi 25 veces el nivel objetivo de contaminación radiactiva de las aguas.

Asimismo, Enresa mantiene la vigilancia de la emisión de gas radón en la cobertura del dique estabilizado sobre el que se enterró la FUA y que, según una respuesta parlamentaria del Gobierno en 2023, “está muy por debajo del nivel requerido por el Consejo de Seguridad Nuclear desde la finalización de las obras”.

Han pasado ya 15 años desde que la justicia cerró la puerta a la pretensión de los trabajadores de la FUA para el reconocimiento de enfermedad profesional. Primero fueron los Juzgados de lo Social y más tarde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en un recurso de súplica, los que desestimaron las más de 80 demandas interpuestas. “Nos dijeron que no había relación de causalidad entre las enfermedades y la exposición al uranio durante 22 años, pero eso es falso, hasta los cinco años de estar allí no recibieron ninguna instrucción para evitar la radiación”, manifiesta el abogado de la asociación de extrabajadores, Manuel Ángel Vázquez, que en su día aportó un informe científico avalado por la Junta de Andalucía donde se constataban los “daños en aparato respiratorio, en riñones y aparato excretor, daños inmunológicos, hematológicos y metabólicos” por gran parte de la plantilla de la FUA. Además, el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) desestimó, por haber prescrito, la reclamación patrimonial de los trabajadores, por la que pedían al Estado una indemnización de 12 millones por daños y perjuicios.

Vázquez perdió recientemente a su suegro, José Soto, también fallecido por cáncer y que fue presidente de la asociación de afectados. El letrado, que también renunció a acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por vulneración de derechos, cree que el caso solo podría reabrirse “si hubiera interés político”.

Pero en 2021, la respuesta ofrecida por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a la Junta de Andalucía, tras una pregunta parlamentaria de Unidas Podemos, cerró definitivamente la vía política, y lo hacía con una frase, tan contundente como frustrante a la vez: “El caso está cerrado, por muy triste y luctuoso que sea”. Eva Navas, hija de uno de los pocos empleados que aún viven, zanja: “Está claro que a la mayoría de los partidos no les interesa que este caso salga a la luz, es una vergüenza”.