El juez Marchena se une con un libro a la ofensiva contra el Ejecutivo

Al juez Manuel Marchena le gusta la fotografía. Todos los años, por Navidad, envía a sus os de WhatsApp una galería de imágenes del Tribunal Supremo tomadas con su teléfono móvil de última generación. Los retratos —de las salas de audiencia, de los despachos todavía presididos por grandes crucifijos, incluso de los atardeceres de Madrid—parecen inspirados por la palabra solemnidad. Nada que ver con la portada del libro que el juez —hasta diciembre pasado presidente de la Sala Segunda del Supremo y ahora un magistrado más del mismo tribunal— acaba de publicar. Se titula La justicia AMENAZADA, así, en mayúsculas, sobre un fondo negro de togas atadas con cadenas.

Llama la atención que, tras la introducción —en la que Marchena ya advierte de que “el poder político no ha superado la tentación de debilitar los mecanismos constitucionalmente concebidos para el control democrático de sus decisiones”—, el primer capítulo se titule precisamente: “¿La Fiscalía de quién depende? Pues ya está…”. La frase fue la respuesta dada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista radiofónica. Es, sin embargo, la única alusión expresa a un alto representante político o a alguno de los asuntos polémicos de actualidad. Marchena sabe mejor que nadie que cualquier referencia explícita, o incluso implícita, a temas como la amnistía del Gobierno a los independentistas catalanes condenados por el procés —a la que ni siquiera hace referencia en el libro— podría conllevar su recusación como magistrado de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, donde se juzgan precisamente los presuntos casos de corrupción política, como los que ahora atañen al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o al exministro José Luis Ábalos.

Manuel Marchena (Las Palmas de Gran Canaria, 66 años) es tal vez el magistrado más relevante de la judicatura española, no solo por haber estado al frente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo durante 10 años —desde octubre de 2014 a diciembre de 2024—, sino por su capacidad de influir, dentro y fuera del ámbito judicial. En 2018, Marchena estuvo a punto de convertirse en presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo en virtud de un pacto entre el PSOE y el PP según el cual los socialistas —y sus socios en el Gobierno—tendrían 11 vocales y los populares, solo nueve. A cambio de permitir un presidente “conservador”, el PSOE se aseguraba una mayoría progresista, pero el acuerdo se fue al traste cuando trascendió un mensaje del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que daba a entender que, con Marchena, los conservadores controlarían la sala de lo Penal del Supremo “desde detrás”. Para despejar cualquier duda sobre su honorabilidad, el magistrado renunció a su candidatura y, apenas unos meses después, presidió el tribunal que juzgó y condenó a los responsables de la intentona secesionista.

Fue aquel juicio —retransmitido en directo— el que lo convirtió en una figura mediática, y donde destacaron un conjunto de virtudes que, hábilmente manejadas en público y en privado, le confieren gran predicamento. Durante aquellas 52 sesiones, el juez Marchena no solo demostró un gran conocimiento del sumario, sino también una mano izquierda providencial, un sentido del humor y un control del escenario que permitió que el juicio, pese a la alta tensión política y mediática que lo rodeó en todo momento, llegara a buen puerto. Por todo esto llama la atención que ahora —en la recta final de su carrera y cuando dice haber renunciado a cualquier otro puesto de relevancia institucional—, Manuel Marchena irrumpa en la escena con un libro que pretende invitar a un debate sereno, necesario y alejado del maniqueísmo que domina el discurso actual sobre el mundo judicial”, pero de cuya portada y de algunas afirmaciones se infieran el mensaje contrario. La justicia está amenazada. ¿Por quién?, cabe preguntarse. Marchena no lo dice abiertamente, o más bien no señala un único culpable, pero desliza presupuestos como estos: “Cada año se inician más de tres millones de asuntos en la jurisdicción penal. El debate sobre la politización del Ministerio Fiscal no alcanza a más de una docena de ellos que, por la afectación a uno u otro responsable político, despierta el interés mediático y el consiguiente seguimiento ciudadano (…). Al poder político le resulta indiferente el desenlace de esos miles de juicios que se celebran cada día, pero tiene un inocultable interés en que esa docena de procesos penales que puedan afectar a sus intereses esté férreamente controlada por el fiscal general”.

Es verdad que, ni en este ni en otros asuntos que recoge el libro —la acusación popular, las medidas contra la violencia de género, el derecho a la intimidad de los imputados, la libertad de información, el aforamiento, los delitos de odio, la inteligencia artificial…—, el juez Marchena hace juicio de valor alguno contra el Gobierno actual ni contra ningún dirigente en particular, pero —utilizando su propia expresión— “el aroma que desprende” es el de una crítica sostenida, profunda, sobre quien gobierna España en los últimos años. Un malestar que sin duda tiene mucho que ver con algunas de las decisiones tomadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, sobre todo en lo relativo a la amnistía a los líderes del procés, pero que también se produce justo en un momento de gran crispación y en el que Isabel Díaz Ayuso ha tocado a rebato para que, como dijo José María Aznar, todo el que pueda hacer que haga. Ya “lo están haciendo”, según la presidenta madrileña, “jueces, fiscales y periodistas”.

El libro de Marchena (editado por Espasa) aterriza justo en ese cenagal y solo mes y medio después —tal vez también por casualidad—de haber pronunciado estas palabras: “No quisiera arrastrarles conmigo al pesimismo en el que me instalo cuando analizo dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos, pero quiero sumar la preocupación que me invade, que no es solo mía, cuando contemplo otro fenómeno que hemos asimilado con normalidad y que, sin embargo, debería ser motivo de fundada preocupación. Desde ya hace algún tiempo, la producción normativa se está apartando de la fuente de legitimidad que debería definir las tareas legislativas. Cuando las leyes no responden a las notas de generalidad y abstracción, cuando el legislador aprueba leyes con nombre y apellidos, se resienten otras de las notas que definen a una sociedad respetuosa con los valores democráticos”. El día que dijo eso, Marchena estaba tocado con el birrete de doctor honoris causa otorgado por la Universidad CEU Fernando III, propiedad de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdeP). Como se dice en el Evangelio de Mateo: “El que quiera entender, que entienda”.