La propuesta del PSOE para la regularización: autorizaciones de un año y sin condicionarlas a un contrato de trabajo

La oferta del Gobierno para sacar adelante en el Congreso una regularización extraordinaria es más generosa de lo que esperaban muchos de sus interlocutores. “Ni en nuestros mejores sueños”, exclaman quienes han dedicado años a que esta iniciativa prospere. La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, se ha reunido este miércoles con varios grupos parlamentarios para plantearles los requisitos para los inmigrantes que opten a esta regularización: demostrar que llevan al menos un año en España, que desistan de sus peticiones si son solicitantes de asilo, que no tengan antecedentes penales, que no tengan activa una orden de retorno y que no supongan un riesgo para la seguridad nacional. Se plantea dar un permiso de residencia y trabajo por un año sin exigir contrato previo, aunque aún queda negociación por delante.

Las condiciones recuerdan a las aplicadas para la reciente regularización de los 23.000 inmigrantes que se vieron afectados por la dana del pasado octubre. Como en el caso de Valencia, la idea es que esas autorizaciones de un año (más el año como mínimo que se les exige de haber estado en España) sirvan de lanzadera para que los inmigrantes se reenganchen después con las vías convencionales de regularización, como los distintos tipos de arraigo, que exige dos años de estancia en España.

Las reuniones se suceden a toda velocidad porque este es ahora un asunto prioritario para el Gobierno. El PSOE, que nunca fue partidario de la iniciativa legislativa popular (ILP) con la que se buscaba regularizar a casi medio millón de personas, se acaba de erigir como su principal adalid. No ha habido un cambio ideológico, sino práctico. La medida va a servir de “pasarela” para rescatar a las decenas de miles de personas, especialmente solicitantes de asilo, que saldrán perjudicados con el nuevo reglamento de extranjería que entró en vigor este martes.

La propuesta de Migraciones es muy flexible, más incluso que la planteada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2005 en la que se exigió un contrato de trabajo. La aspiración de los socialistas es que ya que se apuesta por la regularización que sirva al mayor número posible de inmigrantes, que ponga el contador a (casi) cero. Y aun así habrá perfiles que se queden fuera.

De momento, se mantiene el 31 de diciembre de 2024 como la fecha de corte, es decir, que solo beneficiará a aquellos que se encontrasen en España hasta ese día y que, además, ya lleven como mínimo un año en el país en el momento en que soliciten su regularización.

Este marco temporal es también negociable, pero fuentes parlamentarias han advertido en la última reunión que “por seguridad jurídica” el Ministerio de Migraciones prefiere no tocarla. En principio, los interesados tendrán seis meses para solicitar sus autorizaciones una vez que entre en vigor la medida.

El Gobierno necesita ahora llegar a un acuerdo para garantizar que una mayoría de los diputados vote a favor de aprobar la ILP de la regularización. Tiene prisa porque quiere que se vote en junio, antes de que el verano paralice cualquier iniciativa y de que en otoño se impongan otras prioridades. La medida ya cuenta con el apoyo del arco más progresista del Congreso, pero no está nada clara la postura de Junts, del PNV y del PP. Los tres votaron en su día, en abril de 2024, a favor de que la ILP se tramitase, pero no son partidarios de una regularización generalizada. “Sus prisas no son nuestras prisas”, advierte a EL PAÍS un diputado que participa de las negociaciones. “Lo quieren ya. Tienen mucha prisa; lo que no tengo claro es que tengan los votos”, anunciaba otro.

El PP ya anunció a través de su portavoz, Miguel Tellado, que no piensa dar un “cheque en blanco” al Gobierno. Los populares eran partidarios de limitar el impacto de la regularización, recortando el marco temporal y condicionándola a contratos de trabajo. Por las manifestaciones de sus diputados, no parece que los populares estén dispuestos a ceder, pero el Gobierno confía en una abstención por la presión de la Iglesia y, sobre todo, los empresarios (a través de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales), principales interesados en regularizar a potenciales trabajadores.

En el caso de Junts, la negociación promete ser agónica. Fuentes parlamentarias interpretan que los independentistas van a condicionar su apoyo a que se desbloquee la tramitación en el Congreso de la delegación de competencias en inmigración que acordó con el Gobierno a principios del pasado marzo. Aquí también será importante la influencia de los empresarios catalanes.

El PNV parece un hueso menos duro de roer, pero sus diputados también han defendido que la regularización debe estar condicionada a contratos de trabajo. Su postura es flexible, podrían incluso renunciar a los contratos, pero fuentes conocedoras de la negociación explican que para el partido es importante concretar “la causalidad” que justifica la regularización en cada caso. Es decir, que no se trate de conceder autorizaciones para todos, sino concretar esos perfiles (solicitantes de asilo, familias con niños, personas con discapacidad...) a los que va dirigida la medida.