El Gobierno reconoce en el Supremo que aún no ha evaluado la acogida de ningún menor solicitante de asilo en Canarias

El Gobierno ha reconocido este jueves en el Tribunal Supremo que no ha evaluado aún la acogida de ningún menor solicitante de asilo en Canarias a pesar de que, el pasado 25 de marzo el alto tribunal le ordenó hacerse cargo de más de un millar de niños y adolescentes, ante el hacinamiento que sufren los centros que los acogen en las islas.

En una vista pública presidida por el expresidente del alto tribunal Carlos Lesmes, los representantes de la istración del Estado han alegado que no se ha evaluado todavía a ningún menor porque se está a la espera de que Canarias aporte documentación, un extremo que el Gobierno canario niega. El Gobierno central también asegura que no hay recursos específicos para acoger a estos menores, y que solo puede disponer de forma inmediata de 45 plazas, aunque se está preparando a marchas forzadas otras 150 para intentar cumplir la orden del Supremo.

La representante del Gobierno de Canarias ha advertido al final de la vista: “Ha quedado claro que no ha cambiado absolutamente nada desde que se dictó auto”.

Los Ejecutivos central y el canario han rendido cuentas ante siete magistrados de la Sala de lo Contencioso-istrativo de los pasos que se han dado para cumplir el auto del tribunal, que dio 10 días al Gobierno para dar en el sistema de acogida de protección internacional a unos 1.200 menores no acompañados que pidieron asilo o tenían la intención de hacerlo y que viven hacinados en los centros de protección de las islas.

Las discrepancias entre ambas istraciones se han puesto de manifiesto dos meses después a lo largo de las casi tres horas que ha durado la vista. En el encuentro se han culpado mutuamente de la situación y ni siquiera se han puesto de acuerdo para cifrar el número total de menores no acompañados solicitantes de asilo que hay actualmente en Canarias.

Según el Gobierno de Fernando Clavijo, antes del auto del Supremo había 1.008 menores, pero esta cifra se ha incrementado desde entonces a 1.221. El Gobierno, en cambio, asegura que solo 762 han formalizado su petición, es decir, que han superado todas las etapas de la solicitud.

Todos esos niños y adolescentes se encuentran ahora en centros de protección de menores de las islas, pero, según el Supremo, tendrían que estar acogidos en el sistema estatal de acogida de solicitantes de asilo dada la situación de hacinamiento actual. El Ejecutivo, aunque manifiesta su voluntad de colaborar, se enroca en que no es su competencia y ha llevado a la vista a cinco testigos (cuatro altos cargos y una representante de la ONG Accem), para respaldar su posición.

“Hasta la fecha, los criterios de isión están establecidos y solo itimos a mayores o menores acompañados por sus familiares o tutores”, ha explicado Amapola Velasco, directora general del Sistema de Acogida de Protección Internacional, quien ha recalcado que ningún centro de la red estatal de acogida cuenta ahora con los recursos necesarios para atender a menores no acompañados, como presencia de personal 24 horas o estancias separadas para adultos y niños.

Los representantes del Estado han sostenido también que los menores no acompañados solicitantes de asilo no cumplen uno de los requisitos esenciales para acceder al sistema de acogida estatal, que es no tener cubiertas sus necesidades básicas. Juan Luis Valterra, subdirector general de planificación y evaluación del sistema de acogida internacional, ha esgrimido que estos menores, al estar en centros de protección de la comunidad, tienen todas sus necesidades cubiertas. “No nos habíamos encontrado con esta situación, pero mi criterio es que la normativa de acogida obliga a dar acogida a los menores de una forma específica, a través de los servicios que se proveen en las comunidades autónomas”, ha asegurado Valterra.

―¿Considera que hay alguna norma que prohíba acceder al sistema de protección internacional de los menores no acompañados?, ha preguntado Lesmes a este alto cargo

―No, ha contestado Valterra.

El magistrado también ha preguntado a Octavio Rivera, director general de protección internacional, qué ha hecho el Gobierno por acelerar los trámites para que los menores no acompañados puedan formalizar la solicitud de asilo tras haber manifestado su voluntad de pedir protección internacional. “Es que no considero como problema que una persona haya presentado su voluntad y no haya formalizado la solicitud, porque la voluntad es per se una garantía para esas personas. Esa separación en dos fases no es un problema, sino una mejora del procedimiento", ha sostenido Rivera, obviando que la mayoría de los derechos de los solicitantes solo se garantizan tras la formalización.

El Gobierno alega que lleva desde enero requiriendo a Canarias documentación (información específica sobre sus vulnerabilidades, tratamientos médicos, informes psicosociales...) sobre los 762 menores no acompañados a los que, según sus cifras, tienen que acoger en cumplimiento del auto del Supremo, y no le han contestado. Esa petición específica de información, sin embargo, fue registrada hace tan solo seis días y recibida este jueves, según la documentación a la que ha tenido EL PAÍS. La abogada del Gobierno canario ha asegurado además, que esa documentación ya obra en poder del Ejecutivo central porque estos chicos han solicitado asilo.

Lesmes ha preguntado a los representantes del Gobierno por la coordinación entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el de Interior, que es el competente para resolver las peticiones de protección internacional, y las respuestas de los altos cargos han dado a entender que es escasa.

La Abogacía del Estado ha esgrimido el protocolo de actuación que envió a Canarias este jueves, un documento contra el que la letrada representante de Canarias, Aridia Díaz, ha cargado duramente. “Es un protocolo unilateral que se registró ayer [este miércoles] a última hora y que se remite a un calendario que se prevé que se apruebe no antes del 30 septiembre 2025″, ha asegurado la abogada.

Díaz se ha quejado también de que el borrador de ese protocolo establece que la acogida de los menores se hará “por una u otra istración en aplicación del auto”, pese a que el auto no dice eso; y de que el Gobierno ha puesto plazo solo para los trámites que debe cumplir Canarias, pero no para los suyos. “Lo que se traslada es [la intención de] dilatar los tiempos de ejecución, no de atender auto”, ha señalado la abogada canaria, antes de concluir: “Entendemos que queda acreditado que el auto no ha sido cumplido”.