Un infierno judicial fuera de lo común entre una notaria de Jerez, un juzgado, dos abogados y 1,6 millones en depósito

Escoger abogado para un juicio es un derecho que todo ciudadano tiene garantizado por ley. Sin embargo, la notaria Esther Vallejo ha sufrido un pequeño infierno para poder elegir a su letrado y enfrentarse al juicio por apropiación indebida que tiene pendiente en Jerez de la Frontera (Cádiz). De hecho, hoy carece de abogado que la defienda tras la renuncia hace dos semanas del letrado de oficio que le impuso la Audiencia de Cádiz. Su singular calvario no está aún resuelto, ya que el abogado de su confianza, Juan Luis Gordon, está excluido del procedimiento por los jueces.

Vallejo ha pedido amparo al Tribunal Constitucional para que aparte a los magistrados de la Sección Octava de la Audiencia gaditana por vulnerar sus derechos fundamentales de manera reiterada. La notaría critica que los jueces han expulsado del proceso a su abogado sin razones de peso y con un trato degradante que los predispone a declararla culpable sin respetar la debida imparcialidad. En la vista celebrada el pasado 7 de mayo, la presidenta del tribunal, Lourdes Marín, le espetó a la fedataria: “Tiene la voluntad caprichosa de que no quiere que sea su letrado [de oficio] (…) Se está provocando ella misma su propia indefensión (…) La libre designación de abogado no es un derecho ilimitado y requiere requisitos y sobre todo, buena fe. Y ni hay buena fe, hay abuso del derecho y fraude de ley”.

Todo comenzó el pasado octubre cuando el abogado Gordon comunicó al tribunal que sufría una insuficiencia aórtica severa, con alto riesgo clínico, y por la que sería intervenido en abril. El letrado aportó los informes médicos que acreditaban la dolencia, y pidió la suspensión del juicio para poder defender a la notaria sin sufrir riesgos de salud. La vista debía celebrarse el 7 y 8 de mayo de 2025 tras tres suspensiones anteriores por distintos motivos. Sin embargo, el pasado febrero los jueces impusieron a la notaria la designación forzosa de un abogado de oficio, tras negarse la fedataria a designar otro profesional que no fuera Gordon. El motivo esgrimido por los jueces fue evitar “dilaciones indebidas” del proceso.

Desde entonces, Vallejo ha insistido en sus escritos a través de Gordon para defenderse en la causa, pero el tribunal le ha respondido que no reconoce a este letrado sevillano porque considera que está “en situación de incapacidad temporal desde septiembre de 2024”. “Se acusa por hechos ocurridos en el año 2018 y es necesario atender al derecho de las acusaciones”, alegaron los jueces en un auto [resolución motivada] del pasado abril. Gordon responde que pese a estar de baja médica y a la espera de una operación quirúrgica, esto no le impide firmar y presentar escritos de trámite al tribunal en defensa de Vallejo en virtud del artículo 31 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La notaria alegó que se estaba vulnerando su derecho a la libre elección de abogado que recoge la Constitución, pero los jueces respondieron una y otra vez a todos sus escritos que estos venían firmados por Gordon. El letrado pidió amparo a los colegios de abogados de Sevilla y Jerez, pero mientras que el primero remitió su defensa a la entidad jerezana, esta última ha abierto un procedimiento disciplinario al abogado de oficio, Javier Mateos, pero no ha movido ficha respecto a los jueces. El colegio sevillano echa balones fuera y alega que la competencia corresponde al gaditano. Vallejo incluso presentó una recusación contra los magistrados hace un mes, pero estos en vez de elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que nombrara un instructor que estudie el caso, desestimaron el incidente de recusación porque no reconocían a Gordon como parte del proceso.

“La acumulación de decisiones judiciales y actuaciones procesales han erosionado sistemáticamente el derecho de defensa de la acusada y proyectan una apariencia fundada de predisposición adversa hacia sus intereses”, alegó la notaria ante los jueces. Mientras, en febrero, el abogado de oficio ó con Vallejo para avanzar en su defensa, hasta que esta le respondió con un escrito en el que le advierte de que no lo reconoce como abogado “ni directa ni indirectamente”, porque no se siente representada y no confía en su criterio.

Finalmente, cuando el pasado 7 de mayo se celebró la breve vista oral en la Audiencia, el abogado de oficio renunció a ejercer su defensa porque Vallejo le había aclarado que no quería que le representara. Tanto la Fiscalía como la acusación particular expresaron que veían riesgo de nulidad evidente si el juicio se celebraba, puesto que Vallejo no podía carecer de defensa. Y la magistrada Marín itió que, a pesar de que su voluntad era celebrar el juicio, debía suspenderlo hasta el próximo 13 de enero de 2026.

Hasta entonces, la fedataria carece de letrado y está por ver si el Constitucional ite su recurso de amparo. En caso contrario, una vez dado de alta Gordon tras el verano, los jueces deberán decidir si iten su personación y, por tanto, ya estará habilitado para recusarles, con la intervención del alto tribunal andaluz. Las espadas están en alto, aunque la miga del conflicto judicial ya se ve que es consistente y espinosa.

Antes de cerrar la vista, la presidenta le dio una mala noticia al abogado de oficio: “Con todo el dolor de nuestro corazón, ante la actitud que ha tenido el letrado, independientemente de lo que resulte, nos vemos obligados a deducir testimonio, porque entendemos que la forma en la que ha actuado no es legal”. Es decir, un juzgado abrirá ahora una investigación para depurar si el abogado desobedeció al tribunal e infringió la ley al renunciar a defender a la notaria, después de que esta le advirtiera de que carecía de su confianza. El letrado respondió escueto a la magistrada: “No estoy de acuerdo, señoría, pero ya me defenderé”.

Vallejo, que ha trasladado su notaría a Málaga, se queja del trato recibido por la Audiencia: “Los magistrados han traspasado los límites abusando de su poder porque piensan que no les va a pasar nada. No he tenido voz en el proceso”. Gordon, que interpondrá una querella contra los magistrados por prevaricación, añade: “¿Qué prisa tenían los jueces en quitarme de en medio y poner a un abogado de oficio? El Colegio de Abogados de Sevilla me ha desamparado porque antes de trasladarlo a Jerez debería haber tomado medidas, tales como quejarse al Poder Judicial y reunirse con el decano de los jueces”, lamenta.

Un juicio por apropiación indebida

La notaria Esther Vallejo afronta un juicio por una presunta apropiación indebida de 1,6 millones en el concurso mercantil de la empresa Conservas Rey de Oros, declarada en quiebra en 2014 en Barbate (Cádiz). Para resolver el concurso, el concursal Salvador Calderón encargó a Vallejo la celebración de una subasta notarial bajo la supervisión del Juzgado Mercantil 1 de Cádiz. La empresa Pesquerías de Almadraba pujó para hacerse con los bienes en liza y depositó 1,6 millones en la cuenta de la notaría de Vallejo.

Sin embargo, cuando la notaria iba a declarar a Pesquerías de Almadraba ganadora de la subasta, se dio cuenta de que el concursal había vendido los bienes a otra empresa, Productos de Almadraba, por 1,8 millones, pero sin contar con ella ni con autorización de la jueza mercantil Ana Marín. Pesquerías de Almadraba, acusación particular en el juicio, reclama ahora a Vallejo que le devuelva los 1,6 millones, pero la fedataria alega que no puede porque la venta efectuada por el concursal fue ilegal y, por tanto, debe ser anulada por un juzgado. “No puedo devolver el dinero a la empresa pujante porque los bienes ya estaban adjudicados y la venta del concursal fue posterior. ¿Cómo voy a dar los bienes y el dinero? A mí me dieron el dinero para la compra de bienes y pagarle al acreedor bueno y verdadero”, alega Vallejo.

En lugar de exigir la validez de la subasta notarial en la jurisdicción civil, Pesquerías de Almadraba reclamó los 1,6 millones depositados a Vallejo y presentó una denuncia penal para recuperarlos. “En vez de dar la cuenta de consignaciones del juzgado, que es inembargable por ley, ella dio a la empresa una cuenta bancaria particular donde se embargaron 800.000 euros, la mitad del dinero”, critica Javier Gimeno, abogado de la acusación particular. Este diario ha intentado sin éxito recabar la versión de Calderón. La Fiscalía apoya a la empresa conservera contra la notaria y le pide tres años de cárcel, pena que la acusación particular eleva a seis años de prisión.