Dimite el alto cargo de la Junta andaluza sancionado por Antifraude de conflicto de intereses

La Junta de Andalucía ha determinado el cese del director general de Pesca, Acuicultura y Economía Azul, José Manuel Martínez Malia, tal y como quedó recogido en el Boletín Oficial de la comunidad (BOJA) publicado este lunes, en donde se precisa que se realiza “a petición propia” del ya ex alto cargo de la istración autónoma. Fue el Gobierno de Juan Manuel Moreno, que firma el decreto donde se recoge su remoción, quien decidió mantenerlo en el cargo después de que la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción abriera expediente sancionador al dictaminar que había incurrido en incompatibilidad por haber compaginado su condición de alto cargo de la istración con la de apoderado de una empresa pesquera en la que estaban empleados sus hermanos y no haberse inhibido en los procedimientos de ayudas a la misma.

Ramón Fernández-Pacheco, el consejero de Agricultura, del que dependía Martínez Malia, insistió en desvincular ayer la dimisión de Malia del dictamen de incompatibilidad emitido por la OAAF -una entidad de extracción parlamentaria impulsada por el propio Gobierno de Moreno en 2021para luchar contra el fraude y la corrupción política-, asegurando que se debía a una decisión personal. En la resolución dictada en enero de 2024 por Antifraude se constataba que el ya ex director general de Pesca “aparentemente ha incumplido el régimen de incompatibilidades únicamente en lo concerniente a su deber de adaptar su situación patrimonial societaria a partir del momento en el que se produjo la reforma legal”.

Desde el PSOE de Andalucía, que pidió recurrentemente el cese de Martínez Malía, sin embargo, se ha insistido en relacionar esa dimisión con las irregularidades constatadas por la OAAF sobre el incumplimiento por parte del ya ex director general de Pesca de la normativa andaluza sobre incompatibilidad. “Fue el primero en ser sancionado por la Oficina Antifraude”, remarcó el lunes el diputado socialista Josele Aguilar que destacó la “situación muy difícil” del ya ex alto cargo al frente de la Dirección de Pesca tras haber sido señalado.

La denuncia que interpuso el PSOE ante la OAAF señalaba que Martínez Malia había mantenido participaciones en las sociedades pesqueras Carabina y Farruco, S. L. y Pesquerías Quintino, S. L., después de haber sido nombrado para su puesto en la istración en 2019 y que además ostentaba el cargo de único y apoderado cuando ambas empresas recibieron ayudas de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural durante la pandemia. Martínez Malía fue nombrado director general de Pesca y Acuicultura en 2019. En las sucesivas declaraciones de bienes que presentó desde su nombramiento hasta octubre de 2021, a las que tuvo EL PAÍS, reconocía ser propietario del 25% de las acciones de Carabina y Farruco y del 50% de Pesquerías Quintino, S. L., una circunstancia que, según la denuncia de los socialistas, contravenía la ley 3/2005 de Incompatibilidades de altos cargos de la istración de la Junta de Andalucía. En el momento en que se presentó el escrito de denuncia ante la Oficina Antifraude, Martínez Malía aparecía en el Registro Mercantil como único y apoderado, respectivamente, de ambas sociedades, dedicadas a la pesca al fresco y palangre y a la venta al por mayor del pescado capturado y su conservación mediante congelación o refrigeración, según consta en su objeto social.

Pese a la resolución de la OAAF en la que se apreciaba la incompatibilidad del director general de pesca, el Gobierno de Moreno decidió mantenerlo en su cargo y se aferró al propio dictamen de Antifraude que establecía que las irregularidades eran “de menor entidad atendidas las circunstancias de inexistencia de daño a las arcas públicas y de subsanación posterior a instancias del afectado”. “El asunto se ha quedado en una cuestión meramente istrativa. No ha habido afección a las arcas públicas”, alegaron entonces fuentes cercanas a la Junta.