La mitad de los habitantes de Barcelona sufre la crisis habitacional y los expertos piden “medidas complejas”
Un informe presentado por el Ayuntamiento de Barcelona señala la presión turística, la escasez de vivienda pública y la baja edificación tras la crisis inmobiliaria del 2008

Los problemas de a la vivienda afectan directamente a la mitad de la población metropolitana, ya que casi la mitad de los habitantes de la Región Metropolitana de Barcelona ha cambiado o querrá cambiar de vivienda entre 2018 y 2027. Esta es una de las conclusiones del informe presentado este lunes por el Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB), órgano consultivo y de participación del Ayuntamiento de Barcelona.
El estudio pone el foco en el aumento de los precios de la vivienda, tanto en el mercado del alquiler como en el de la compraventa, aunque en este último el encarecimiento ha sido “más suave”. Ni la regulación del precio del alquiler implementada en 2024 por el Govern de Pere Aragonès ni la supresión de las golden visa inmobiliarias han logrado frenar una crisis de vivienda que gana notoriedad a nivel internacional. El informe asegura que esta situación requiere “soluciones tan complejas como el problema que se quiere resolver”.
La sesión ha contado con una presentación por parte de Eduardo Rojo, presidente del Consell Econòmic i Social de Barcelona, órgano supervisor del estudio. Rojo ha centrado su intervención remarcando la preocupación por parte de la población en relación con la crisis habitacional, que se ha convertido en el primer problema de los catalanes, tal y como adelantaba la encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de finales de noviembre del 2024.
La ponencia central ha sido presentada por Lluís Fernández, coordinador del estudio titulado El parque de vivienda en la ciudad de Barcelona y Región Metropolitana. Fernández ha itido las limitaciones del estudio por la falta de actualización de las cifras. Reconoce que “es difícil sacar resultados y conclusiones” dada la diferenciación de resultados entre las bases de datos que forman el estudio, pero que supone una primera radiografía del parque de 2,2 millones de viviendas que hay en el área metropolitana.
Uno de cada cuatro barceloneses ha tenido que cambiar de vivienda por motivos económicos o forzosos en los últimos cinco años
Otro aspecto destacado del informe es la reducida proporción de vivienda protegida en el parque total, situándose por debajo del 3% a nivel general y con diferencias territoriales que oscilan entre el 2% y el 5%. En cuanto al porcentaje de vivienda desocupada, el estudio ite la “ausencia de consenso entre las fuentes”, motivada, entre otras razones, por la pandemia y los criterios de consumo eléctrico. Adicionalmente, se señala la escasa frecuencia de renovación de los datos del Censo de población y viviendas del INE, cuya siguiente actualización no tendrá lugar hasta 2031, diez años después de la de 2021.
Al detallar el perfil y las condiciones de vivienda, se observa que las personas nacidas en zonas como Asia central, meridional y África subsahariana, suelen disponer de mucha menos superficie habitable. En cuanto a la edad, los grupos con mayor espacio disponible son los menores no emancipados, que disfrutan del hogar familiar, y las personas mayores, establecidas en sus viviendas durante 15 años o más de media.
En cuanto a la movilidad residencial en la región metropolitana, las cifras evidencian una crisis habitacional: más del 50% de la población de Barcelona ha cambiado de vivienda en los últimos cinco años. De estos, uno de cada seis prevé mudarse de nuevo en menos de cinco años, lo que ha provocado un aumento de la movilidad del 8,8% en 2017 al 28,3% en 2022. Otro dato clave revela que uno de cada cuatro barceloneses se ha visto obligado a cambiar de residencia por motivos económicos o forzosos en el último lustro, una proporción que se sitúa en uno de cada cinco en el resto de municipios del área de Barcelona.
Respecto a los precios del alquiler y la compraventa, las cifras no han mejorado, a pesar de que, en términos generales, la construcción de viviendas ha superado el crecimiento poblacional. El precio del alquiler ha experimentado un aumento del 18% en la RMB y un 25% en Barcelona capital. Esta subida, unida a la disminución de la oferta desde 2022, ha generado una “situación crítica” para las familias. El estudio apunta a los cambios en la composición de los hogares como un factor clave en el aumento de la demanda, con un crecimiento notable en los hogares unipersonales y en los de seis o más .
Joan Ramon Riera, comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, ha defendido que “el debate sobre la vivienda debe ser transversal”, requiriendo la participación de vecinos, trabajadores y todos los actores afectados. “Es necesario crear un sistema público de vivienda que garantice el universal, similar a la sanidad pública”, afirmó Riera, subrayando que la vivienda “no es un bien exclusivo de ricos o pobres, sino un derecho para todos” y aclarando que “no es una emergencia, sino un problema sistémico”. El comisionado ha abogado por una reforma estructural que comience por “poner el suelo a disposición”. Riera ha recordado que “el primer concurso de suelo se realizó en diciembre de 2024, a mitad de mandato”, evidenciando la complejidad istrativa. Con firmeza, Riera ha declarado que “hay que garantizar y priorizar el uso residencial de la vivienda”, sentenciando que “si no hay suficiente vivienda, AirBnB no tiene cabida en la ciudad”, en consonancia con el plan del alcalde Collboni de cerrar miles de viviendas turísticas de cara a 2028. Finalmente, el comisionado ha insistido en que todo esto requiere “fondos europeos” y una “desburocratización de subvenciones y trámites” como los Fondos Next Generation-EU.
Por su parte, los representantes de UGT y CCOO han expresado su satisfacción con el informe, subrayando la necesidad de colaboración entre todos los actores sociales, más allá de la legislación. Anna Puigdevall, de PIMEC, ha lamentado la ausencia de un “estudio sobre la movilidad en la ciudad”, resaltando los cambios en los hábitos de desplazamiento y el estilo de vida de los ciudadanos. Puigdevall ha abogado por “no criminalizar ni penalizar a quienes provienen de otras zonas”, enfatizando que “el talento, independientemente de su origen, debe tener una solución habitacional”, en alusión a las críticas de la población local hacia los expatriados. Puigdevall también ha criticado a las istraciones, instándolas a “destinar presupuesto a la vivienda si realmente les preocupa”, y apostó por una “solución estructural, no coyuntural”. Finalmente, Josep Donés, de Foment Nacional del Treball, ha cuestionado el análisis de Joan Ramon Riera, manifestando una “inseguridad constante por la falta de claridad en las actuaciones en materia de vivienda”.
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