La activista Blanca Serra, ante la Fiscalía de Barcelona: “Ser mujer implica un tipo de tortura muy específica”

La activista Blanca Serra ha tenido que esperar casi medio siglo para poder denunciar las torturas que sufrió durante la transición en la comisaría de Via Laietana. Serra ha declarado este lunes ante la Fiscalía, que por primera vez ha abierto una investigación penal en un caso de torturas en ese periodo. “Ha sido una situación muy extraña. Siempre había estado en el banco de los acusados y esta vez soy yo la acusadora... Me costará procesarlo, pero ha sido importante”, ha dicho la mujer, apoyada sobre un andador. Serra no ha querido explicar a los medios el contenido de su declaración, pero ha subrayado que “el hecho de ser mujer implica un tipo de tortura muy específica”.

Con un discurso reivindicativo y buena memoria, Serra ha explicado, a la fiscal especializada en derechos humanos y memoria democrática de Barcelona, los malos tratos que sufrió en el número 43 de la Via Laietana, que entonces acogía la temible brigada político-social del franquismo. Símbolo de la represión, el edificio es hoy la sede de la Jefatura del Cuerpo Nacional de Policía, aunque diversas entidades y partidos llevan años exigiendo su conversión en un centro de memoria histórica. También Serra, que rechaza cualquier uso compartido: “Es intolerable que torturadores y torturados podamos compartir Via Laietana”.

Activistas de izquierda independentista en Cataluña, Blanca y su hermana Eva (ya fallecida) fueron detenidas en diversas ocasiones durante la transición. Según su relato, entre 1977 y 1982 padecieron cuatro episodios de malos tratos y torturas, tanto en Barcelona como en la Dirección General de Seguridad de Madrid. La aprobación de la ley de memoria democrática abrió un nuevo campo de juego. La ley prevé que se pongan en marcha investigaciones para satisfacer el derecho de las víctimas a “la verdad, la justicia y la reparación” si se dan algunos requisitos; entre otros, que se trate de violaciones graves de derechos humanos ocurridas hasta la entrada en vigor de la Constitución, en 1978.

La puesta en marcha de la fiscalía especializada acabó de empujar a Serra a denunciar de la mano de Irídia, un colectivo de defensa de los derechos humanos. Su directora, Anaïs Franquesa, ha alabado a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Barcelona la “valentía, perseverancia y convicción” de la activista y ha defendido que se trata de “un día histórico” pese a itir que “la justicia llega muy tarde”. “Muchas personas represaliadas, como su hermana, ya no están”.

Pese a que las denuncias presentadas ante distintos juzgados en España por víctimas del franquismo no han prosperado, Franquesa cree que en esta ocasión, con el apoyo de la Fiscalía, hay más posibilidades. “Son crímenes de lesa humanidad y no prescriben, porque son fruto de la tortura sistemática de un régimen dictatorial contra sus oponentes políticos”. Para la letrada, que los juzgados “se niegan a investigar supone una anomalía democrática”. Serra se muestra precavida sobre le devenir de su caso: “No sé qué pasará, no tengo demasiado confianza”.

Serra no ha estado sola en su comparecencia. Al acto han acudido entidades memorialistas y de derechos humanos que, bajo el lema Contra la desmemoria: justicia, han reclamado la apertura de los archivos policiales, la identificación de los responsables y la adopción de medidas de reparación a las víctimas. La activista ha tenido también un mensaje para los jóvenes, que parecen mostrar poco conocimiento del régimen franquista, en una época marcada además por el revisionismo histórico. “Espero que se hable del tema y, sobre todo, que la juventud tenga en cuenta qué ha pasado... y qué está pasando”.