La Alianza contra la Pobreza Energética denuncia la falta de contadores sociales

Cerca de 40 personas, entre militantes de la asociación Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y afectados, han ocupado simbólicamente este lunes la sede de Endesa de la Gran Vía de Les Corts de Barcelona, para protestar por la falta de contadores sociales energéticos para familias vulnerables en Cataluña. El colectivo asegura que los contadores sociales -instalados en hogares ocupados por personas en situación de vulnerabilidad acreditada- debían ser provistos como parte de un convenio firmado por la empresa con la Generalitat. APE asegura que solo se han instalado 104 contadores, cuando “hay miles de familias afectadas”. Fuentes de Endesa han explicado a EL PAÍS que el problema que existe con los contadores es que el convenio que se firmó con la Generalitat implica que la petición de estos contadores sociales para pisos ocupados debe hacerse a través de los servicios sociales de los ayuntamientos previa certificación de la condición de vulnerabilidad de los inquilinos.

El convenio entre Endesa y la Generalitat, que incluye otras medidas como la condonación de deudas para hogares vulnerables, se firmó el pasado 29 de marzo del 2021 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año. El colectivo ha solicitado una reunión a 3 bandas para pedir que se instalen los contadores sociales que sean necesarios. “Endesa se niega a cumplir lo estipulado dentro del convenio, que no haya contadores sociales implica muchos peligros para las familias, como ejemplo el aumento de los incendios”, ha manifestado Irene González, portavoz de APE ante las oficinas de Endesa.

“No puedo pagar las facturas de luz, cuando vengo a Endesa y les digo eso, me dicen que tengo el informe de vulnerabilidad caducado, luego cuando pregunto a la asistenta social me dice que caduca en el mes de octubre, están confundiendo a la gente”, ha explicado Encarna, una de las afectadas. Varios militantes de la asociación han explicado que las familias afectadas son en su mayoría inmigrantes sin papeles que ocupan las viviendas de forma ilegal y que, cuando las familias solicitan un contador social, la empresa pone muchas “trabas y pegas”. “El contador social evita que haya familias que pinchen la luz o que la gente esté a oscuras”, han agregado.

La compañía niega haber rechazado la instalación de ningún contador social. “Endesa ha tramitado todos los expedientes que ha recibido de las istraciones”, han explicado desde la empresa. Sin embargo, en muchos casos, los ayuntamientos no tramitan estos certificados por el conflicto que supone validar, de alguna manera, la ocupación de un piso. En este caso, al no haber petición formal del Ayuntamiento las solicitudes no llegan ni siquiera a manos de la distribuidora. Las mismas fuentes de Endesa recuerdan que son la única compañía que firmó el acuerdo con la Generalitat y que en estos momentos tiene 107 contadores sociales instalados. Estos contadores tienen una validez de 12 meses, con lo que la cifra va fluctuando en el tiempo. Además, la compañía recuerda que sigue pendiente de que la Generalitat retome sus aportaciones al fondo que ayuda a financiar el consumo de estos contadores.