La jueza de la dana descarta la responsabilidad de los alcaldes y señala de nuevo a la Generalitat

La jueza que investiga la dana que el pasado octubre dejó 228 muertos en la provincia de Valencia, Nuria Ruiz Tobarra, rechaza que la responsabilidad penal de la tragedia deba centrarse en los alcaldes e insiste en señalar a la “istración autonómica” como garante de la gestión de la crisis, según un auto notificado este viernes. “Lo contrario conllevaría a la investigación como presuntos responsables de los homicidios a los alcaldes de la práctica totalidad de las poblaciones donde se produjeron los fallecimientos y las lesiones, lo que nos situaría fuera del derecho penal”, justifica la instructora.

La magistrada destaca que la Generalitat, “que asumía legalmente el mando de la emergencia [...] contaba con múltiples canales de información” para desgranar la dimensión de la riada. Y pone como ejemplo de estas fuentes los datos de la Agencia Española de Meteorología (Aemet), los medios de comunicación, el 112 –el servicio de atención telefónica de la istración autonómica que el 29-O recibió casi 20.000 llamadas- o los funcionarios que controlaron los barrancos y cauces. Con esta tesis, la jueza vuelve a poner el foco en el Ejecutivo de Carlos Mazón y rechaza la responsabilidad de los alcaldes. A su juicio, los municipes “se vieron sorprendidos, no recibieron tampoco la información precisa ni se les aconsejó de manera específica sobre las medidas a adoptar”. Ruiz Tobarra se expresa así en un auto en el descarta imputar al alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, del PP, tal y como solicitaban dos víctimas de este municipio.

Pese a desechar “de plano” la responsabilidad los primeros ediles, la instructora ha acordado citar en calidad de testigos a los alcaldes de las localidades valencianas de Utiel y Algemesí, José Javier Sanchís Bretones, del PP. Y también en la misma condición al jefe de Climatología de la Agencia Española de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, junto a tres trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica.

Con contundencia, la jueza frena los intentos de salpicar al Gobierno de Pedro Sánchez de una de las acusaciones particulares, que solicitaba al Departamento de Seguridad Nacional –órgano de asesoramiento al jefe del Ejecutivo en materia de seguridad- sus informes sobre el día de la dana. La magistrada argumenta que la responsabilidad en la gestión de la catástrofe fue de la Generalitat y no del Gobierno central. “La protección civil es competencia autonómica, el Estatuto [de autonomía] y la Ley así lo establecen”. Y censura una “patente inactividad” en la tragedia que “se produjo en el ámbito autonómico”. Además, según la magistrada, “existió consenso a nivel autonómico y central en que no procedía la declaración de emergencia nacional [...]. Tampoco se declaró la situación de emergencia catastrófica [...], competencia que se atribuye al presidente de la Generalitat Valenciana”. La jueza sostiene que existía “sobrada información” para que el Consell hubiera adoptado con mayor agilidad decisiones clave, como convocar con antelación al Cecopi -el órgano de emergencias de la Generalitat que se reunió a las 17.00 horas del 29-O, después de que la centralita autonomíca 112 recibiera decenas de mensajes de poblaciones como Chiva, donde nace el barranco del Poyo, detonante de la colosal inundación.

En su última batería de autos, la instructora rechaza que se soliciten las llamadas de emergencia a la Policía Nacional, la Guardia Civil y policías locales. Y que se lleve a cabo un informe pericial sobre la “supuesta falsedad” de una foto que la Ejecutivo valenciano facilitó al juzgado. La imagen mostraba al president Carlos Mazón, del PP, cruzando la puerta del Cecopi –el órgano de emergencias de la Generalitat que se reunió el 29 de octubre- a las 20.28 horas, 17 minutos después de que su Ejecutivo remitiera la alerta masiva a móviles, que llegó cuando había decenas de personas fallecidas, desaparecidas y atrapadas en plantas bajas y garajes.

La instructora también ha rechazado la petición de Ciudadanos, que ejerce la acusación popular, de solicitar información sobre los vehículos oficiales que usaron el día de la tragedia los dos cargos de Mazón imputados: la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas y quien fuera su número dos durante la riada, Emilio Argüeso. La formación reclamaba el nombre de los conductores y el itinerario que siguieron estos exaltos cargos –fueron cesados por el president cuatro semanas después de la catástrofe- así como información sobre sus agendas. “La cuestión estriba en la falta de decisiones destinadas a alertar a la población y, para ello, no resulta exhaustivo un análisis de la agenda oficial de dichos investigados”, expone la magistrada. Ruiz Tobarra vuelve, así, a poner el foco de sus pesquisas en la tardanza del envío del SMS masivo a móviles para informar a la población de la magnitud de la tragedia. Un mensaje que, de haberse enviado antes, según la instructora, hubiera salvado vidas.

La magistrada rechaza, de nuevo, la petición de la acusación popular de Acció Cultural del País Valencià de solicitar información a la Generalitat para indagar los desplazamientos de Mazón el día de la tragedia y la jornada siguiente. Por su condición de aforado, el jefe del Consell solo puede ser investigado tras la aprobación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) con la exposición razonada de la instructora.