Los repartidores de Ciudad de México protestan contra un impuesto del 2% a las aplicaciones de entrega de comida

Saúl Gómez, de 39 años, apagó la mañana de este martes las notificaciones de las aplicaciones de entrega de comida para participar en una protesta. Él, junto a decenas de sus colegas repartidores, se plantaron en la sede de la Suprema Corte, en Ciudad de México, para exigir a los ministros que eliminen un impuesto del 2% que la ciudad aplicó a empresas como Uber Eats, DiDi Food, Rappi por el uso de calles y avenidas capitalinas. Trabajadores como Gómez temen que de implementarse el nuevo tributo, sus ganancias, ya de por sí bajas, mengüen, porque, asegura, los precios de los productos aumentarán para los consumidores, que reducirán el pedido de alimentos por estas aplicaciones.

La protesta se da en la víspera de que los ministros de la Suprema Corte se reúnan para discutir un proyecto de uno de sus integrantes, Alberto Pérez Dayán, para amparar a una de las empresas repartidoras, que se oponen a este impuesto capitalino. La idea de Pérez Dayán es eliminar el gravamen, que no afecta directamente a los repartidores, sino a estas compañías. Representantes del ministro recibieron a los repartidores y, aunque no hicieron ninguna promesa, se mostraron abiertos a sus exigencias.

“Nos fue muy bien”, dice Gómez. “Nos sentimos mucho más tranquilos que el día de ayer [por el lunes] cuando nos recibieron representantes de la ministra Yasmín Esquivel, porque al hablar con ellos sentí que esto estaba perdido. Pero escuchando a la ponencia del ministro Pérez Dayán la verdad es que nos sentimos muy cómodos, incluso protegidos por la Suprema Corte, porque el ministro y su equipo entienden que este impuesto es inconstitucional, no brinda ningún tipo de derechos y es meramente recaudatorio”, explica el repartidor.

Las autoridades de Ciudad de México aprobaron en 2021, tras el brutal golpe de la pandemia de covid-19 a la economía, la implementación de un impuesto del 2% a las aplicaciones de entrega de alimentos y mercancías, que tendrían que pagarlo a la Secretaría de istración y Finanzas (SAF), por el uso de calles y avenidas de Ciudad de México. El impuesto se aplicaría a los cobros que realicen en sus servicios. El Gobierno local justificó el tributo asegurando que el confinamiento provocó el crecimiento del comercio electrónico, entre ellos el de la entrega de alimentos, mercancías o víveres. “Los nuevos modelos de negocio digital que actualmente han tenido un incremento en la Ciudad de México, deben contribuir a esta Entidad, misma que proporciona la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus actividades, estableciéndose que con la captación de ingresos por concepto de este nuevo aprovechamiento, se refuerza una política impositiva tendiente a satisfacer las necesidades colectivas de los habitantes de la Ciudad de México”, establece la iniciativa.

Las compañías repartidoras se mostraron contrarias, pero en las calles ha retumbado la voz de los trabajadores. “Nuestra demanda es que se deseche este intento de impuesto, porque como lo hemos manifestado, es inconstitucional, es discriminatorio, porque únicamente va sobre trabajadores de plataforma. Aunque digan que va contra las plataformas, afecta a todo el ecosistema, porque al poner un nuevo impuesto, lo que van a hacer los patrones es aumentar los cobros. ¿Quién va a salir afectado? Obviamente que los negocios de barrio, las cocinas económicas, que entraron en esas plataformas para poder salir adelante durante pandemia y pospandemia. Y también se va a ver reflejado en los costos para los s", explica Gómez. Temen, agrega, que mucha gente deje de pedir productos por estas aplicaciones y prefiera “irse a formar a la fila de la pizzería, aunque se tarde 45 minutos, pero ahorrarse esos 9 pesos de más que no tenía contemplado”.

Una caída en la demanda, dice, golpearía sus ingresos. Gómez trabaja como repartidor desde 2016 y le dedica como mínimo unas ocho horas al día a los pedidos de varias aplicaciones de entrega de alimentos. Asegura que tiene un ingreso mensual promedio de 12.000 pesos (unos 600 dólares), pero lamenta que sobre sus ingresos ya paga muchos impuestos (12% entre IVA e ICR, dice), por lo que el nuevo gravamen puede afectar sus ganancias. “De poquito en poquito se va a llenar el cántaro. Y de poquito en poquito yo voy a ganar menos”, dice.

La discusión sobre el impuesto se realizará este miércoles entre los intrigantes de la Sala Segunda de la Suprema y Gómez espera que la decisión “sea bajo el apego a la ley”. Los manifestantes expresaron su repudio al tributo esta mañana con gritos de “no al 2%” y tuvieron que hacerlo en medio de un simulacro de terremoto organizado por la ciudad. “Participamos en todas las indicaciones que nos hicieron las autoridades”, aclara Gómez para demostrar que su protesta es pacífica y que la consideran justa.