La policía suspende a dos mandos por la presunta manipulación de pruebas en el asesinato de los colaboradores de Brugada

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México ha suspendido a dos mandos policiales, la jefa del sector Nativitas y su tercero en jerarquía, por una presunta manipulación de pruebas en la investigación del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, ambos trabajadores del círculo más próximo a la alcaldesa de la capital, Clara Brugada, según ha confirmado el cuerpo policial a EL PAÍS este lunes. El organismo también ha iniciado una investigación interna para “deslindar responsabilidades”. El crimen sucedió el martes de la semana pasada y, seis días después, nadie ha sido detenido ni se conoce la identidad de los sospechosos, al menos cuatro personas: el que apretó el gatillo y otros tres cómplices que lo ayudaron a escapar.

La SSC ha difundido un enigmático comunicado este lunes en el que se refiere a “la información que se difunde en redes sociales sobre la presunta detención de dos policías por manipular indicios de manera indebida tras la agresión contra dos funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México”. En el escrito, sin embargo, no especifica que los agentes no han sido arrestados, sino suspendidos. Sí detalla que “todos los indicios recabados” durante las pesquisas han sido entregados a la Fiscalía capitalina “con la cadena de custodia correspondiente”. Según fuentes cercanas al caso, la investigación de la presunta manipulación de pruebas se centra precisamente en la cadena de custodia de una de las evidencias clave, la vestimenta de los implicados, hallada en uno de los tres vehículos que los sospechosos emplearon para escapar.

“Todos los indicios recabados han sido aportados a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México e integrados a la investigación de los hechos ocurridos en pasado 20 de mayo en Calzada de Tlalpan, alcaldía Benito Juárez, con la cadena de custodia correspondiente. No obstante, en atención a diversas denuncias sobre conductas violatorias a la normatividad que rige la actuación policial, la Dirección General de Asuntos Internos inició una investigación istrativa para deslindar responsabilidades [sic]”, ha anunciado la SSC. El cuerpo de seguridad capitalino ha asegurado también que ha iniciado “un proceso de ajuste en el cuadro de mandos para fortalecer el trabajo de seguridad ciudadana en línea con la Estrategia de Seguridad y Construcción de Paz instruida por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina”.

La presión crece sobre las autoridades capitalinas con la suspensión de los dos mandos policiales. El gabinete de seguridad se encuentra bajo un duro escrutinio público desde hace una semana ante la ausencia de avances en la investigación del doble homicidio de Guzmán y Muñoz, dos perfiles poco mediáticos y desconocidos hasta el atentado, pero pertenecientes al círculo de élite de la política capitalina como mano derecha de Brugada, fieles de su equipo desde los años de la jefa de Gobierno como alcaldesa de Iztapalapa. Las críticas arrecian ahora con la revelación de una posible manipulación de las pruebas en un caso de alto impacto y devuelven a la conversación una pregunta recurrente para la ciudadanía: hasta dónde llega la infiltración del crimen organizado en los cuerpos de seguridad.

Al cierre de este artículo, ni Brugada ni el jefe de la SSC, Pablo Vázquez, se han pronunciado sobre el nuevo giro de guion. La estrategia de comunicación de ambos desde el atentado ha apostado por el silencio. Brugada solo ha comparecido una vez desde el martes para hablar del asesinato de sus compañeros y Vázquez dio una conferencia de prensa junto a la fiscal de Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, el miércoles, en la que más que aportar nuevos datos confirmaron los que ya habían adelantado los medios. Más allá, solo ha habido filtraciones no confirmadas a reporteros de nota roja, especulaciones y rumores, aunque la hipótesis más sólida apunta a que los asesinatos constituyeron una suerte de venganza o mensaje contra Brugada en represalia por las recientes capturas de criminales.

Aunque el propio Vázquez alimentó esta tesis, la versión oficial es que la policía todavía no ha descartado ninguna línea de investigación, indicador de que las pesquisas no han logrado avances significativos en ninguna de sus vertientes. Los agentes desconocen el móvil del crimen y la identidad de los autores materiales e intelectuales, o, al menos, ese es el relato que han defendido de cara a la opinión pública. Lo que se conoce es poco. El martes, un sicario esperó a Guzmán y Muñoz en la calzada de Tlalpan, una de las arterias más concurridas de la capital. Sabía, porque habían vigilado ese punto en días anteriores, que cada mañana Guzmán recogía en su coche a Muñoz para luego dirigirse juntos al trabajo. Se paseó alrededor del vehículo y esperó hasta que Muñoz lo abordó para descargar el cargador de una nueve milímetros contra ambos. Ocho balas contra ella, cuatro contra él.

Después, huyó de la escena del crimen. Primero, a bordo de una motocicleta que abandonó a los pocos metros. Después, en un coche azul, junto a sus otros tres cómplices, que desecharon en la alcaldía de Iztacalco. Finalmente, salieron de los límites de la ciudad por el oriente en una camioneta gris con la que se perdieron en el Estado de México. Los investigadores creen que los cuatro eran sicarios profesionales por el nivel de planeación del crimen y las escasas pruebas que han encontrado de ellos. Utilizaron guantes para no dejar huellas dactilares, la pistola con la que acribillaron a Guzmán y Muñoz nunca había sido utilizada antes, cambiaron dos veces de vehículo para confundir el rastro. Los agentes solo hallaron la moto y el coche azul, en el que también estaban las prendas de ropa que presuntamente fueron manejadas “indebidamente” en la cadena de custodia, y en las que los forenses esperaban identificar algún resto de ADN.