El ruido es la señal

El Gobierno incumple la Constitución al no presentar Presupuestos. Su motivo es la fragilidad de sus apoyos parlamentarios y, sobre todo, el peligro de evidenciarla otra vez: no hay una mayoría que lo sostenga. Como recordaba Ana Carmona, ante situaciones similares en 1995 y en 2019 Felipe González y Pedro Sánchez convocaron elecciones generales. El procedimiento escogido ahora es incumplir una obligación constitucional, despreciar al Parlamento y excluir a los ciudadanos del debate sobre las cuentas públicas (además, el mecanismo facilita que los gobiernos autonómicos justifiquen sus inaceptables escaqueos). La imposibilidad de gobernar se disimula a través de la tumefacción del Ejecutivo y de la hiperactividad comunicativa: es decir, con gestos autoritarios y poniéndonos a discutir. No es que sea difícil distinguir entre ruido y señal; el ruido es la señal.

La portavoz del Gobierno dijo que no se presentaba el proyecto de la ley de los Presupuestos para no hacer perder el tiempo a los ciudadanos y tenía razón: prefieren que lo perdamos en otras cosas. Da igual que las cuestiones sean importantes o no; lo crucial es enfocarlas como chorradas. Un ejemplo son las declaraciones de la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y jefa de la oposición en Andalucía —como otros ministros y muchos españoles, debe recurrir al pluriempleo—, que dijo que la presunción de inocencia no debía estar por delante del testimonio de mujeres jóvenes. Rectificó a medias, ante la indignación general, las protestas de las asociaciones profesionales y la incomodidad de su partido, porque la presunción de inocencia es una base del Estado de derecho. Durante unos días discutimos de unas palabras liberadas como la pedorreta de un globo que se deshincha chocando contra las paredes de una habitación. Pero esas declaraciones también erosionan la democracia.

El debate sobre las universidades privadas es otra distracción. Una cuestión importante se acomete de manera oportunista, hipócrita y chabacana. Varios del Gobierno —incluido el presidente— tienen títulos de universidades privadas, unos centros que según Olga Sanmartín han aumentado sus plazas en un 55% desde 2018, frente al 0,17% de las universidades públicas. Un Gobierno, y un Gobierno socialdemócrata en particular, debería aspirar a mejorar la universidad pública antes que designar como enemigo conveniente a la privada. Pero todo es frívolo y grave al mismo tiempo: mientras los humoristas dan doctrina en la televisión pública, las ocurrencias de los ministros apenas mueven a risa.