El asilo en la UE, aún más difícil

La propuesta de la Comisión Europea de crear una lista común comunitaria de “países de origen seguros”, en la que se incluye a Colombia, Bangladés, Egipto, Marruecos o Túnez, es un paso más en el endurecimiento de la política migratoria europea y los intentos de frenar la inmigración irregular en la UE. Bruselas pretende acelerar los procedimientos de demanda de asilo de los ciudadanos procedentes de esos países (entre todos, alrededor del 26% del millón de peticiones anuales) bajo la premisa que, como son considerados Estados “seguros”, la mayor parte de las solicitudes de esos demandantes son instantáneamente “infundadas”. La revisión de esos casos se haría en un máximo de tres meses. Aunque la UE asegura que se mantendrán los estándares y salvaguardias en el análisis de las demandas de asilo, organizaciones de derechos humanos han advertido de que en los procesos acelerados se pierden garantías. En países como en Túnez, Egipto o Turquía, que está en la lista por ser candidato a la UE, hay represión contra periodistas, activistas, personas LGTBI y opositores. El encarcelamiento del alcalde de Estambul es el ejemplo más reciente.

El giro hostil de Bruselas hacia la inmigración no termina aquí. Antes del verano se va a “revisar” el concepto de “tercer país seguro”, es decir, un país que no es el de origen ni el de destino del migrante, para “aliviar” algunas de las condiciones y trámites procesales. Se busca aún más rapidez en los trámites con el riesgo de atropellar garantías, aunque Europa insista en los más altos estándares. Este segundo paso es fundamental para otro objetivo: la creación de campos de deportación fuera de la UE en el marco de la nueva regulación de retornos, presentada en marzo.

Son pasos que no deberían sorprender. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, los lleva anunciando desde hace tiempo. La última vez, en la carta a los líderes de la UE de cara a su cumbre en Bruselas en marzo. Todo es coherente con el guiño a la extrema derecha en materia migratoria que ha dado la UE en los últimos años. Lo ha hecho presionada por países con gobiernos muy virados a la derecha como el de Giorgia Meloni en Italia —que ha aplaudido efusivamente la creación de la lista de países de origen seguro y presume de ser su inspiración por haber creado un centro externalizado para inmigrantes en Albania, que la justicia le impide utilizar— o el austriaco. Pero también desde otros supuestamente más moderados, como la Dinamarca de la socialdemócrata Mette Frederiksen, cuyas políticas migratorias han inspirado a buena parte de los que en Europa reclaman una mano más dura.

Cuando el año pasado se aprobó el Pacto sobre Migración y Asilo, en Bruselas se itía que se había endurecido su contenido en un intento de contener el avance en todo el continente de la extrema derecha a lomos del discurso xenófobo. También por miedo al auge del partido ultra AfD, la Alemania del socialdemócrata Olaf Scholz cambió su discurso migratorio e impuso controles temporales en sus fronteras. Es una muestra a escala nacional de que adoptar el mensaje extremista para contener su avance es una estrategia suicida, especialmente en un asunto tan complejo como la inmigración irregular, que no responde a políticas ni encuestas europeas, sino a tragedias lejanas. AfD ya es la segunda fuerza en el Bundestag. Aun así, la nueva coalición de Gobierno entre cristianodemócratas y socialdemócratas se ha comprometido a “hacer retroceder de manera eficaz la migración irregular”, y tiene una lista propia de países de origen seguros aún más larga que la europea.