Vergüenza en el aeropuerto

Desde el pasado invierno, más de 400 personas pernoctan cada día en el aeropuerto de Barajas, convertido en una suerte de albergue en el que conviven perfiles muy dispares que incluyen a hombres y mujeres que trabajan pero cuyas condiciones laborales son tan precarias que no pueden costearse una habitación. A los problemas de salubridad —recientemente, empleados del aeródromo han alertado de la presencia de chinches—, se suma la desidia de las istraciones a la hora de elaborar un censo oficial para diseñar soluciones individuales que contribuyan a poner fin a esta situación inhumana y caótica.

El pasado marzo, las quejas de las aerolíneas —que reportaron que frente a sus mostradores en la T4 dormían habitualmente decenas de personas— llevaron a los responsables de Aena a trasladarlas una planta más abajo, la 1, en la que solo hay oficinas en desuso. Esa acción solo ha supuesto arrinconarlas en un espacio alejado de los ojos de los turistas, un lavado de imagen que, por supuesto, no cambia nada. Las autoridades apeladas —Aena, el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid o la Delegación del Gobierno— se culpan entre sí sin llegar a ninguna solución a pesar de compartir desde hace semanas un grupo de trabajo. Ha tenido que ser una entidad religiosa integrada por Cáritas la que elaborase un censo —si bien parcial: solo accedieron a responder 137 de las 412 personas a las que se acercaron los voluntarios— sobre las circunstancias individuales de los afectados, su procedencia, dónde están empadronados y, como conclusión, de quién sería la competencia de atenderlas.

El resultado es una suma de sinhogarismo, problemas de salud física y mental, discapacidad evidente, inmigración o precariedad laboral. Más del 50% lleva más de medio año durmiendo en el aeropuerto y casi el 38% sale de allí para trabajar. Por ahora, Aena insiste en que la competencia para resolver la situación es exclusiva del Ayuntamiento, que, por su parte, sostiene que la mayoría son solicitantes de asilo y, por tanto, es el Ministerio de Migraciones el que debe hacerse cargo. El censo oficioso recoge que más de la mitad están empadronados en la capital —aunque hayan quedado fuera del radar de los servicios sociales municipales— y no da datos sobre solicitantes de asilo. Eso sí, subraya que “solo un trabajo de colaboración entre diferentes actores permitirá encontrar soluciones adecuadas”. Aunque no todas las istraciones sean responsables en el mismo grado, la falta de información exhaustiva y la diversidad de los casos conocidos obliga a todos los poderes públicos a actuar ya.

Existe, de hecho, un ejemplo de que con voluntad se puede trabajar para encontrar soluciones. Es el caso del acuerdo a cuatro bandas alcanzado este abril entre los ayuntamientos de Barcelona y El Prat, Aena y la Generalitat de Cataluña para aplicar un plan de actuación permanente en el aeropuerto barcelonés, donde el pasado enero pernoctaban 112 personas y ahora lo hace medio centenar. Gracias a ese plan coordinado se elaboró un censo, se identificaron patologías y se definió el perfil de los afectados. No es un problema menor: un 42% sufre trastornos mentales, además de exclusión social por falta de empleo y de recursos económicos. Urge que las istraciones implicadas en el aeropuerto de Madrid dejen a un lado las asperezas políticas y aborden cuanto antes la situación de quienes se ven obligados a vivir en sus instalaciones. Por una eficiente gestión del espacio público, pero, sobre todo, por una clamorosa cuestión humanitaria.