La Universidad de Barcelona suspende de empleo y sueldo a un profesor por usar su cargo “para conseguir favores sexuales de una alumna”

La Universidad de Barcelona ha decidido suspender durante 18 meses de empleo y sueldo a un profesor de Literatura por “una infracción disciplinaria muy grave”. En concreto, se acusa al docente de la “prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro”, según el escrito al que ha tenido este diario. El profesor estaba suspendido de forma cautelar desde septiembre de 2023 por un supuesto caso de acoso sexual a una alumna, que fue dos veces archivado por la justicia por no encontrar delito en su contra y asegurar que se trató de relaciones consentidas.

Pero ahora la instrucción realizada por la universidad concluye que el docente sí se aprovechó de su posición para mantener relaciones con la alumna. Con todo, el docente podrá convalidar la sanción con el tiempo que lleva apartado.

El caso se dio a conocer el pasado febrero, cuando la alumna hizo pública una carta denunciando el supuesto caso de violencia sexual. “Quiero denunciar acercamientos hacia mí, comentarios fuera de tono, insinuaciones, acoso y tocamientos en su despacho, insistencias de demandas sexuales y varias intimidaciones hasta el punto de obligarme (cerrando las ventanas y la puerta con llave y asegurándose de que no había nadie cerca) a tener sexo en tres ocasiones diferentes”, explicaba la estudiante, quien además afirmaba no ser la única víctima.

En septiembre de 2023, la alumna denunció el caso ante la universidad, que suspendió cautelarmente al profesor y le abrió un expediente disciplinario por “infracciones graves o muy graves”. Pero el proceso quedó congelado por la investigación policial y judicial. Y es que, paralelamente, la joven denunció el caso ante los Mossos, que, después de las primeras investigaciones, concluyeron que “no había delito”.

Aun así, la denuncia fue trasladada a los tribunales. Tanto un juzgado de instrucción como la Audiencia Provincial de Barcelona consideraron que no había “infracción penal” y archivaron el caso. En su resolución, la Audiencia consideró que se trató de relaciones consentidas, ya que en su relato la alumna itió “que fue ella la que buscó en numerosas ocasiones el acercamiento y la relación personal con el denunciado, que todo comenzó con un flirteo mutuo y que, una vez iniciada la relación, fue el denunciado quien decidió poner fin a la misma, siendo la denunciante la que intentó de forma muy insistente mantenerla”. Asimismo, la Audiencia aseguró que no ha habido “violencia, intimidación o abuso” y manifestó que el hecho de que el profesor sea mucho mayor que la alumna “no implica por sí mismo ninguna situación de superioridad cuando esta era mayor de edad”.

Por su parte, el profesor también respondió con un comunicado asegurando ser víctima de una “persecución” y lamentando los “insultos y amenazas” que estaba recibiendo él y su familia. Asimismo, el docente aseguró sentir “impotencia” por estas acusaciones, a pesar de que la justicia le ha dado la razón. “La misma impotencia e indefensión que siento cuando se me acusa públicamente de unos delitos que nunca cometí y respecto de los cuales la justicia ya se ha pronunciado de forma contundente”.

Tras este carpetazo, la UB prosiguió con su informe, que ha estado elaborando durante 10 meses y que ha contado con la versión de 15 testigos de ambas partes. De las declaraciones y denuncias varias presentadas por otras alumnas, en total el campus contabilizaría cinco víctimas diferentes, además de la denunciante.

La universidad concluyó la semana pasada el expediente, de 190 páginas, que ya ha sido comunicado a las partes, y que dicta estos 18 meses de suspensión de trabajo y sueldo, ya que se considera que el docente “se aprovechó de su posición para conseguir favores sexuales de la alumna”, apuntan fuentes conocedoras del caso. Para dictaminar esta sanción, el campus se escuda en su Código Ético, que considera una mala praxis las relaciones afectivas entre docentes y estudiantes.

En un primer momento de la investigación, la universidad detectó dos faltas muy graves (aprovecharse de su posición para mantener relaciones y la de acoso sexual) y una falta grave (abuso de autoridad), pero las dos últimas finalmente no han sido consideradas en el expediente, ya que la justicia lo había archivado. No obstante, la investigación universitaria sí considera probado este aprovechamiento de su posición (que en el régimen sancionador está ligeramente diferenciado del abuso de poder).

Inicialmente, la instructora del caso en la Universidad propuso una suspensión de tres años para el docente, que tras las alegaciones del denunciado ha quedado rebajada a 18 meses. De hecho, es un periodo inferior a lo que lleva ya suspendido de forma cautelar, de forma que se considera cumplida la sanción y podría reincorporarse a su puesto. Pero para que ello sea efectivo, los abogados del docente primero deben agotar las vías de recurso: tienen un mes para presentar un recurso de reposición ante el rector y dos meses para hacerlo ante la justicia.

Los representantes legales del docente ya han confirmado a este diario que presentarán un recurso de reposición ante el rector y un contencioso ante el tribunal porque consideran que “no se ha acreditado ni demostrado que haya tenido relaciones íntimas y que haya aprovechado de su posición”, apunta la abogada Valentina Mazzoni.