El último gol de ‘Vlacho’
El pueblo de Buenaventura no se rinde y clama por justicia social, pese a que la violencia es un fenómeno cíclico y estructural que mantiene el estado de cosas inconstitucional

El árbitro da el pitazo y el joven coloca el balón en el suelo. Sin prisa, se prepara para el tiro, consciente de que no es un juego común. Ve la pelota recorriendo un corto camino antes de toparse con la estructura que lo espera: un ataúd de madera. Al rebotar, cruza la línea de un arco vacío. No hay gritos de euforia ante el gol. Es el aplauso de la rabia y la impotencia el que lo sella. Tras la anotación, el coautor de la anotación se lleva las manos a la cabeza y se deja caer al suelo. No puede con el llanto.
Su compañero de equipo, Vladimir Bravo Nuñez, El Vlacho, yace inmóvil en el ataúd que corona la cancha. Aunque está en fuera de lugar, no será amonestado. No cuando su ocupante, tristemente, acaba de anotar su último gol. El Vlacho, de 24 años, fue asesinado el pasado 30 de marzo mientras compraba una salchipapa en un barrio de Buenaventura.
Los hechos son un testimonio de la violencia que se apodera de las calles de la ciudad portuaria. En medio de la oscuridad, una mujer afrodescendiente se arrodilla. Un gorro blanco cubre su cabello, pero no el dolor que la atraviesa. En las imágenes y videos que circulan, es palpable su desesperación mientras verifica el estado en que se encuentra el joven afrodescendiente que ha sido baleado frente a su local. La violencia y la injusticia se sienten en el aire. El sufrimiento de una comunidad golpeada se vuelve innegable.
A través de la pantalla se escucha un grito desgarrador, un clamor por la injusticia, por la equidad y por la protección de un pueblo que lleva años luchando. En 2017 se levantaron para no rendirse ante la violencia, pero siguen esperando respuestas.
Según la información de las autoridades competentes, en el primer trimestre de 2025 se han registrado más de 50 homicidios en una ciudad con poco más de 400.000 habitantes, la mayoría como consecuencia del rompimiento de la tregua entre las bandas criminales que circulan en la región. La gobernadora del Valle del Cauca ha convocado un consejo de seguridad para abordar la situación; la alcaldesa ha pedido la presencia del Gobierno nacional para frenar la violencia. El desasosiego embarga a la comunidad.
¿Cuántas más vidas perdidas? ¿Cuántas madres, padres, familias y comunidades enteras deben seguir en duelo? Escribimos esta columna para expresar nuestra solidaridad con las familias de las víctimas de los hechos de violencia de este primer trimestre del año, que hoy tiene a los jóvenes implorando en redes sociales con #SOSBuenaventura. Lo mismo ha sucedido en estas primeras semanas de 2025 en Quibdó, Istmina, el Catatumbo, el norte del Cauca, Tumaco y muchas otras regiones del país.
Acciones intimidatorias. Extorsiones. Asesinatos. Impunidad. La situación en Buenaventura es alarmante. En febrero de este año la Defensoría del Pueblo calificó al Distrito como uno de los diez focos de emergencia humanitaria debido a la presencia de grupos armados y el recrudecimiento del conflicto armado.
La ruptura de la tregua entre las dos principales bandas criminales que operan en el puerto ha generado, paralelo a los enfrentamientos en las calles, una guerra de comunicados en la que ambos grupos se culpan por la crisis. Entretanto, la violencia como un fenómeno cíclico y estructural continúa el estado de cosas inconstitucional.
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La situación de Buenaventura, como la de Quibdó y Tumaco, es un reflejo de la falta de consistencia en la inversión de largo plazo para el desarrollo socio-económico y la seguridad integral y humana en la región pacífica. El Gobierno nacional y las autoridades locales deben avanzar en los procesos de diálogo social iniciados, en el cumplimiento de los acuerdos firmados desde el año 2017 y en los planes establecidos como el Plan Integral Especial Para El Desarrollo De Buenaventura -PIEDB-. Estas podrían ser medidas efectivas para frenar la violencia y proteger las vidas de todas las personas que habitan en la región. Acciones inmediatas para recuperar la paz en todo el Pacífico colombiano.
La solidaridad nacional es requerida para abordar la magnitud de la crisis en todo el país. Nos aferramos a insistir en la generación de oportunidades y en el diálogo social. La antipatía del liderazgo nacional y de muchos connacionales es irremisible. La señal de socorro que emite Buenaventura recuerda al país que no existen garantías para la vida, la integridad personal y la seguridad individual y colectiva que respete la soberanía de los pueblos étnicos que habitan estos territorios.
La vida de los jóvenes afrodescendientes no es desechable, sus vidas importan y son dignas de ser protegidas. No en un evento; no en una coyuntura política; no como un acto reactivo de las autoridades. Siempre. ¡El Pacífico merece vivir en paz; es su derecho fundamental!
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