Petro arrincona al Senado con su consulta popular

El Senado de la República ha actuado como gran contrapeso del presidente de Gustavo Petro durante los más de dos años de mandato de izquierdas. Ha negado buena parte de sus proyectos de reforma con los que el mandatario ha buscado concretar la promesa de cambio con la que fue elegido en 2022. La relación es cada vez más tensa, hasta el punto de que el pasado Primero de Mayo el presidente llamó a “revocar” a los legisladores en las elecciones de 2026. Se trataba más de una figura retórica que de un llamado concreto, pero una que muestra dónde ha puesto su intención política. Tan claro ha sido que el presidente del Congreso, el conservador Efraín Cepeda, le ha contestado este lunes en una carta pública. “El Congreso no cederá ante presiones, amenazas, ni símbolos de guerra”, ha escrito.

El presidente usó el verbo “revocar” justo cuando completaba una acción que lleva a los legisladores opositores, e incluso a los declarados en independencia, a quedar arrinconados. El presidente ha pedido al Senado que avale su llamado a una consulta popular para que los ciudadanos definan en las urnas si apoyan la reforma laboral que el Legislativo rechazó en abril. Al hacerlo los enfrenta al dilema entre permitir que el Gobierno movilice a sus bases en meses preelectorales con la popular bandera de los derechos de los trabajadores, lo que le da ventaja al oficialismo, o negarlo, lo que alimenta el argumento de Petro de que, si su Gobierno se ha quedado corto en sus promesas, se debe a la oposición y al “bloqueo institucional”.

Las 12 preguntas que el Gobierno ha presentado al Senado para la consulta consisten, en su mayoría, en postulados generales con los cuales es difícil no estar de acuerdo, valora el exsenador independiente Humberto de La Calle. Son cuestiones sobre las que no hay un verdadero debate político frente al objetivo, pero sí sobre los medios, que la consulta no determina. Por eso, a su juicio, cualquier decisión que se llegue a tomar en las urnas, irremediablemente aplaza la discusión que debe dar el Congreso al definir una ley, con o sin ese pronunciamiento popular. Se refiere a preguntas como la tercera: “¿Está de acuerdo con que las micro, pequeña y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas de interés en materia de crédito e incentivos para sus proyectos productivos?“, o la octava, ”¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios?“. En los dos casos queda en el aire quién debe definir las tasas de interés o los incentivos, de qué tamaño serán o cómo se hará el régimen laboral especial agrario.

Pese a esa inocuidad de parte de las preguntas, la línea general es la defensa de los derechos laborales. Eso lo concretan especialmente sus dos primeras preguntas, las más sonadas y puntuales, las más debatidas y recordadas por quienes salieron a marchar el jueves pasado en apoyo al Ejecutivo y la consulta. Se trata del aumento de los pagos adicionales por trabajar domingos y festivos, para pasar del 75% al 100%; y del inicio del horario nocturno a las seis de la tarde en lugar de las nueve de la noche de hoy en día. En palabras del analista Hubert Ariza, son reclamos básicos de cualquier visión progresista, a los cuales es difícil oponerse sin entregarle al oficialismo el monopolio de la defensa de los trabajadores.

Por ello, el Senado pagaría un costo alto de negar su aval a llevarla a las urnas, y más cuando la decisión se tomara apenas 10 meses antes de que esos mismos votantes elijan un nuevo Congreso. Es el derrotero que ya han tomado dos de las bancadas, la de los opositores Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe, y Cambio Radical, del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Esos dos partidos de derecha apuestan desde ya su fuerza electoral al sentimiento antipetrista. Pero suman tan solo 23 de los 105 votos en el Senado, lejos de una mayoría que asegure el rechazo de la consulta popular. Senadores de otros partidos —el Conservador, el Liberal, los formaciones cristianas o La U— han anunciado su voto en contra e incrementan la cifra a unos 45 senadores, aún 7 menos de la mayoría.

Pero tampoco suman la mitad más uno quienes apoyan la decisión contraria. Los oficialistas Pacto Histórico y Comunes, más sus aliados en partidos como el Verde, el Liberal o La U, llegan a unos 47 votos en la plenaria. Su postura, la de dar luz verde a convocar a las urnas para que el Gobierno busque que más de 13 millones de ciudadanos vote Sí por cada una de las 12 preguntas (con menos apoyos, que se cuentan de forma individual por cada interrogante, la consulta no tendrá efectos jurídicos), permitiría al Gobierno hacer campaña entre junio y agosto, recordándole a los colombianos quién ha impulsado las mejoras para los trabajadores. Petro ha utilizado el poder y la visibilidad de un presidente para lanzar los “comités ciudadanos por el sí”, y ha señalado que con la consulta lanza una campaña, a la que incluso bautizó el Primero de Mayo como “revolución en marcha”, en alusión al Gobierno reformista del liberal Alfonso López Pumarejo hace casi un siglo.

Pero ese empeño por activar la movilización de la izquierda de forma anticipada para 2026 es el que mantiene a la consulta en vilo, en manos de los 10 a 15 senadores que no han definido aún su voto y que no son ni gobiernistas ni opositores. El exsenador De La Calle explica el dilema al que se enfrentan: “La consulta es legítima, de eso no hay duda, pero es inadecuada, inoportuna y lesiva. Es utilizada con un propósito electoral, muy negativo en este momento... pero es equivocado, como hace la oposición, tirarle la puerta en la nariz. Son reivindicaciones válidas”.

La incertidumbre no solo tiene sustento en la visión política, sino también en otros factores de poder. Varios de los principales gremios han manifestado su desacuerdo, y son voceros de los empresarios que financian muchas de las campañas de los legisladores. Los líderes políticos que competirán con la izquierda en las urnas no tienen un incentivo en regalarle una victoria política seis meses antes de las votaciones legislativas y nueve antes de las presidenciales. Queda la salida que delinearon los liberales con su llamada minireforma, un proyecto de ley para mejorar el horario nocturno y los sobresueldos por laborar domingos y festivos. La semana iniciará con el debate mecánico sobre darle trámite a esa propuesta, que el Gobierno ha exigido priorizar para sacarla del camino, o el aval de la consulta, para el que el Senado tiene solo hasta el último día del mes. Los tiempos apremian y la tensión sube.