Lo que viene tras el hundimiento de la Consulta Popular

Con el hundimiento de la consulta popular del gobierno Petro en el Senado, el presidente enfrenta una de las mayores frustraciones políticas de su gestión. Las primeras reacciones del mandatario, en el curso de la semana en que la consulta fue vencida por una corta diferencia de votos en la plenaria, demuestran que aunque sufrió un enorme cambio en sus planes está lejos de encontrarse ante una derrota.

Una vez más en su turbulenta relación con el legislativo, el gobierno entendió que el problema que enfrenta su agenda está lejos de ser por cuenta de falta de mayorías: incluso en su momento más crítico con el Senado, la diferencia que frenó la propuesta se dio apenas por dos votos (49-47), de los cuales uno, además, correspondía a la ausencia inexplicable de una senadora de su propia bancada. El asunto, en cambio, radica en gran parte en la absurda decisión del presidente Petro de atacar con los más graves insultos e injurias al Congreso (entre los que se incluyen etiquetas como “HP’s”, “ilegítimos”, intimidaciones con la espada de Bolívar, entre muchos otros) cada vez que su agenda no prospera, de manera casi idéntica a como lo hizo con el Concejo de Bogotá cuando fue alcalde de la ciudad. No hay forma de que la agenda de un gobierno tenga un paso favorable por el Congreso cuando su principal promotor es el mayor detractor de esa corporación.

La respuesta inicial del presidente Petro ante el hundimiento de la consulta ha consistido, hasta ahora, en dos frentes. Por un lado, ha llamado a sus bases de electores a organizarse en figuras que ha denominado “cabildos populares” (no confundir con el mecanismo de participación de los Cabildos Abiertos) y “asambleas de barrios”, con el fin de llevar a cabo votaciones –de ninguna manera vinculantes ni con representación de la voluntad de toda la ciudadanía– sobre la posibilidad de una huelga nacional de la que el presidente ha hablado en varias ocasiones recientemente. Al mismo tiempo, Petro ha anunciado que volverá a presentar las preguntas de la consulta popular ante el Senado, con un nuevo punto que abordará la reducción del costo de los medicamentos en el país.

Las alocuciones y pronunciamientos del presidente de los últimos días muestran un claro paso hacia la radicalización de su tono y esto hará especialmente difícil el curso de una nueva consulta en el Senado, al cual ha llamado varias veces “ilegítimo”. Mientras tanto, resulta claro que las fuerzas de la oposición y del centro en el Congreso han respondido con contundencia ante la retórica cada vez más beligerante de la istración, especialmente en contra del Senado, en medio de una trama que incluye el paso de cuatro ministros del interior en tres años y el escándalo por la denuncia del pago de sobornos a los expresidentes de las dos cámaras por parte de funcionarios del alto gobierno.

La principal conclusión que puede alcanzarse tras la derrota de la consulta popular con una escasa diferencia de votos es que ni la oposición ha sumado una mayoría permanente o amplia en el Congreso, ni el país está ante el escenario de un gobierno sistemáticamente bloqueado por mayorías en el legislativo. La discusión había llevado al gobierno a un cómodo escenario en que ganaba con el triunfo y con la derrota. En caso de ser aprobado el llamado a las urnas, el presidente Petro hubiera estado autorizado para iniciar una campaña política un año

antes de las elecciones presidenciales. Ahora, ante la derrota de la consulta, el gobierno sigue contando con su ya conocida carta de la indignación de sus electores, desde el llamado a las calles y de la radicalización de su tono contra el Congreso y los partidos. Este, por ahora, parece ser el escenario desde el cual centrará su estrategia para las elecciones de 2026, sobre la organización de asambleas locales y movilizaciones ciudadanas. Por todo esto puede entenderse que ante la derrota de la consulta popular comenzó la campaña a la Presidencia y el Congreso, y que el gobierno lleva ahí la ventaja con una aprobación cercana al 35%, lo que podría ser suficiente para llevar a su candidato a una segunda vuelta.

Desde la ciudadanía debemos tener claro que en tiempos de tormentas es cuando más estamos en la tarea de rodear la institucionalidad consagrada por la Constitución del 91, a partir de entidades como las Cortes y el Congreso. De ninguna manera podemos permitir que la retórica oficial lleve a desconocer sus decisiones (sean o no sean de nuestro gusto) y reemplazarlas por las de cabildos o asambleas convocadas por el gobierno, bajo la premisa de que ahí sí está “el pueblo” del que habla el mandatario. La ruta de la desinstitucionalización, venga de donde venga, sería el peor de los desenlaces de la situación de por sí compleja que enfrenta el país.