Petro prioriza la movilización social y el choque político sobre la paz total

Este domingo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, visitó al papa León XIV. El lunes voló de regreso y el martes lideró una multitudinaria manifestación en Barranquilla, el lanzamiento de la movilización social con la que responde a la negativa del Senado a convocar a los ciudadanos a una consulta popular. Allí, el jefe de Estado dedicó una hora de discurso televisado a fustigar a los congresistas opositores y a reivindicar sus propuestas de corte social. No tocó la que fuera su primera gran bandera política: lograr acuerdos de paz con todos los grupos ilegales del país.

Esa pérdida de importancia de la llamada paz total en su discurso, que coincide con el marchitamiento de casi todas las negociaciones paralelas, queda aún más patente con una omisión presidencial: el mismo domingo se venció el decreto con el que Petro ordenó a las Fuerzas Armadas suspender las operaciones ofensivas contra la disidencia de las extintas FARC que comanda alias Calarcá, y el presidente no ha definido si prorroga esa medida, que garantiza la continuación de una de las pocas mesas de negociación que avanzan en su política de paz total. El limbo jurídico deja en riesgo la frágil relación entre el Gobierno y la disidencia que asesinó a siete militares hace dos semanas.

El ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, explica vía mensaje de texto la situación: “No tenemos decreto de suspensión con ningún grupo”. Eso significa que el Ejército podría atacar a las unidades de la disidencia, también conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF). “En este momento no tenemos cese de operaciones ofensivas o cese al fuego”, precisa el ministro. De hecho, una alta fuente militar en la Amazonía, una de las zonas de mayor presencia de esa disidencia, explica a este diario que desde el lunes en la madrugada “la orden verbal” es que deben “hacer operaciones contra ellos”. La inminente crisis se podría parar con un decreto que depende del presidente y que se esperaba que saliera el domingo, antes de que el proceso quedara en un limbo.

Esa mesa de negociaciones ha estado en crisis en las últimas semanas. El 17 de abril se venció un cese al fuego bilateral, pues el Ejecutivo decidió no prorrogarlo. En su lugar, suspendió las operaciones ofensivas por un mes, una fórmula con la que Petro buscaba presionar a la disidencia para lograr avances en las negociaciones. Apenas 10 días después, una unidad de Calarcá asesinó a seis soldados y a un suboficial en una vereda en Guaviare, y argumentó que confundió a los militares con hombres de la disidencia rival que lidera alias Mordisco. Es un hecho que genera dudas entre la cúpula militar, como reveló este diario, que sigue sin esclarecerse pese a que Petro anunció una “comisión extraordinaria” para investigarlo, y que llevó a que incluso voces del oficialista Pacto Histórico pidieran al presidente que retomara la ofensiva.

La muerte de los militares llenó de incertidumbre a de la mesa de negociación. Delegados del Gobierno, expertos que acompañan el proceso y militares en terreno esperaban una decisión del presidente antes de que venciera el decreto con la suspensión. Este fin de semana hubo os entre varios delegados y con Calarcá (quien ha pedido insistentemente la renovación del cese bilateral), y alcanzaron a plantear una prórroga de la suspensión de las operaciones mientras el presidente Petro volvía del Vaticano. Pero nunca llegó ninguna decisión y por eso la Fuerza Pública tiene la posibilidad de atacar a unidades del EMBF sin violar ninguna orden. Aunque una fuente con directo a la mesa dice que el acuerdo informal es entender prorrogada la suspensión de las operaciones, en las Fuerzas Armadas no existe esa orden.

Mantener la suspensión permitiría que avance la concentración de los hombres de una de las estructuras de esa sombrilla de disidencias, el llamado frente 33, en el Catatumbo. Además de esa “zona de ubicación”, la suspensión facilitaría que el resto del EMBF aplique unos acuerdos logrados en marzo, en una reunión en La Macarena (Meta). Se trata de compromisos clave para frenar la deforestación en la Amazonía. En el documento quedó explícito que el Gobierno y la disidencia se comprometen a construir un plan para que, “sin armas”, del grupo recuperen la selva en la que el llamado Bloque Jorge Suárez Briceño se ha convertido en la autoridad ambiental de facto. Los disidentes también acordaron permitir la entrada de instituciones del Estado, con programas concretos y concertados con las comunidades campesinas, indígenas y afro.

Esos avances, pequeños frente a la meta de firmar la paz pero significativos ante la falta de resultados, están en riesgo. Con un ministro de Defensa que ha demostrado las ganas de lograr un giro en la estrategia militar que priorice la ofensiva contra los grupos ilegales —como lo ha mostrado con las unidades de Mordisco—, la tardanza en definir una suspensión o un cese refleja la creciente fragilidad de una política de paz, que empezó como bandera del presidente con la meta de alcanzar una “paz grande” con todos los ilegales, y que ha ido perdiendo relevancia hasta casi desaparecer de su agenda y convertirse en una “paz chiquita”.