El director de la ONG perseguida por Bukele: “No es un ataque a una persona. Es un mensaje al movimiento por los derechos humanos”

La detención de la abogada y activista por los derechos humanos, Ruth López, tiene muchas similitudes con las aprehensiones que han sufrido miles de salvadoreños en los últimos tres años durante el Gobierno de Nayib Bukele. De acuerdo con Noah Bullock, director de Cristosal, una organización no gubernamental (ONG) enfocada en la protección de las víctimas de violencia en Centroamérica, más de 85.000 ciudadanos de ese país han sido encarcelados sin órdenes judiciales, sin investigación previa, sin a un debido proceso jurídico, privados de su familia e, incluso, algunos sometidos a torturas sistemáticas.

“Condenamos energicamente la detención ilegal de la compañera Ruth López. Hoy estamos aquí no solo para exigir su liberación, sino para alertar al mundo. Esto no es sólo un ataque contra una persona, es un mensaje dirigido a todo el movimiento de derechos humanos. No es un caso aislado, es parte de una estrategia para silenciar las voces críticas y consolidar un régimen autoritario en El Salvador”, ha advertido Bullock este miércoles en una conferencia de prensa en Ciudad de México.

Cerca de la medianoche del domingo, la Fiscalía —controlada por el oficialismo— anunció la captura de López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, una de las juristas más incisivas frente al actual régimen y que fue reconocida en 2024 por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Su detención marca un antes y un después en la creciente criminalización de la disidencia en el país.

López, según dio a conocer el director de Cristosal, no pudo acceder a un defensor legal hasta este miércoles, más de 48 horas después de su detención. De igual modo, la jurista se encontraba con paradero desconocido hasta este martes, cuando trascendió que se encontraba retenida en la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil, en San Salvador. Su familia finalmente pudo verla y ha dado constancia de que se encuentra bien.

La negación de a medicina, a ropa, así como otros derechos básicos, ha generado condiciones que ha cobrado la vida de más de 380 personas en El Salvador, afirma Bullock. “Y eso es solo lo que hemos podido verificar como equipo investigador de Cristosal”, agregó y recordó que la detención de López “nada más viene a recordar que la represión, que ha sido enmascarada en el pretexto de una lucha contra el terrorismo, ha afectado a miles de personas inocentes. Una medida clasificada como de seguridad se ha convertido en una herramienta de represión”.

El Gobierno de Bukele se ha esforzado por hacer creer dentro y fuera del país centroamericano que las más de 80.000 personas detenidas en los más de tres años en vigor que lleva activo el estado de excepción, tras la más reciente prórroga aprobada el pasado marzo por la Asamblea Legislativa —de mayoría oficialista—, pertenecen a las maras o han colaborado con sus integrantes.

Bullock denuncia que desde el golpe a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 2022, que resultó en la depuración de casi un tercio de los jueces de los tribunales inferiores, las cortes han sido incapaces de intervenir en el derecho de las personas. “En el estado de excepción, las organizaciones y las familias hemos presentado más de 7.200 solicitudes de habeas corpus [un recurso que tiene por objeto supervisar el derecho a la libertad e integridad de los presos, y si su detención está legalmente justificada]. Menos del 1% ha sido resuelto. Esa fue una investigación de Ruth que nos permitió tener ese dato", explica.

Ola de represión

La detención de López se da en una ola de represión en El Salvador. En las últimas tres semanas, al menos 15 personas, entre empresarios, líderes comunales y activistas, han sido detenidos por razones políticas y sin derecho a defensa. A principios de este mes, al menos siete periodistas han huido del país por temor a ser detenidos luego de revelar información sobre presuntos pactos secretos del Gobierno con las pandillas.

La Ley de Agentes Extranjeros, o también denominada Ley mordaza, aprobada este martes de forma exprés, viene a reforzar la embestida de Bukele contra las disidencias en el país centroamericano. La norma permite al Ejecutivo dictaminar, con una sola orden, qué organizaciones humanitarias o medios de comunicación independientes pueden trabajar o no en el país. La ley, además, contempla que, a quienes se les permita trabajar, deberán inscribirse a un registro nacional y tributar al Gobierno un 30% de sus ingresos. La medida fue anunciada por el presidente la semana pasada, tras una protesta campesina frente a su residencia.

La ley ahora aprobada por el bukelismo es idéntica a la que rige desde 2020 en Nicaragua, con la que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han cancelado la personería jurídica de más de 5.200 ONG. Esta cifra incluye asociaciones religiosas, educativas, indígenas, médicas, empresariales y de derechos humanos, así como universidades y medios de comunicación independientes.

A pesar de que el régimen político de Bukele es de los más mediáticos, según Bullock, a quienes tilda de “expertos en mercadeo, no necesariamente en políticas públicas”; gracias a eso han permitido que la gente crea a nivel internacional que quien se autodenominó como “el dictador máscooldel mundo mundial” y que se presenta como una generación de nuevo liderazgo, no ha resuelto todas las necesidades de la gente.

“Es un régimen que hemos demostrado en investigaciones que es corrupto. Roba el dinero de la gente. Es un régimen que busca la violencia, la fortuna. Si algo nos ha quedado claro en los últimos días, es la claridad de que este régimen autoritario no es algo nuevo, sino que es la repetición de un modelo que conocemos del pasado y los consecuencias de este forma de gobierno. Es importante recordar de que muchas generaciones han luchado para instalar en nuestro país la gobernanza democrática, no porque esta sea perfecta, sino que permite garantías”, complementa.

La detención de López, insiste Bullock, sirve como un rodillo que, de la mano de la Ley de Agentes Extranjeros, va a funcionar como un medio aleccionador para defensores de derechos humanos, o activistas, que denuncien casos de corrupción específicamente en el régimen de Bukele. “La seguridad pública no significa la renuncia del Estado de derecho democrático y al respeto de los derechos humanos. Esta es una señal clara del deterioro democrático y la consolidación totalitaria. Exigimos a las instituciones del Estado que actúen con independencia, que ‘tengan decencia’, como dice Ruth. No sean cómplices con el totalitarismo”, ha manifestado.

La aprobación de la ey se dio con el 95% de votos a favor tras apenas una hora y 24 minutos de discusión. “Los diputados celebraron ayer que estaban haciendo historia y creo que tienen razón. Lo que quedaba en esta muerte de la democracia era el espacio cívico que quedaba bajo presión y el periodismo que existía. Ahora con esto [la Ley mordaza] creo que buscan desmantelar la sociedad civil, el periodismo y dar el último golpe a la democracia. Estamos en momentos muy tristes y de retroceso en El Salvador”, finaliza Bullock.