Cerco a las zonas de bajas emisiones ‘fake’: el Gobierno obligará a los ayuntamientos a multar a los coches contaminantes

Son 153 las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes que deben tener ya en marcha una zona de bajas emisiones (ZBE), pero solo un tercio lo cumple. Además, muchas están apostando por ZBE "fake”, es decir, normativas que incluyen solo medidas cosméticas que no reducen el tráfico ni la contaminación. El Gobierno quiere acabar ya con esta práctica y prepara un decreto —a cuyo borrador ha tenido EL PAÍS— para modificar las características que deben tener estas áreas de tráfico restringido: cuando entre en vigor, será obligatorio que los ayuntamientos restrinjan el paso a los vehículos más contaminantes y multen a los infractores. La norma también permitirá a los Ayuntamientos legislar para impedir el paso a ciertas zonas a vehículos con un único ocupante, como ocurre en las carreteras con los carriles de alta ocupación.

Las zonas de bajas emisiones son áreas —normalmente en el centro de las urbes— en las que se impide el paso a los coches más contaminantes, los más antiguos, basándose en las etiquetas de la Dirección General de Tráfico (DGT); en general, se veta a los que tienen una A (o sin etiqueta) y en algunos casos también a aquellos con una B o C, mientras que los híbridos (eco) y eléctricos (cero) pueden acceder a cualquier parte. Suele haber excepciones para vecinos y servicios públicos.

La Ley de Cambio Climático de 2021 obligaba a esos 153 municipios a poner en marcha una de estas zonas en 2023, algo que la mayoría no está cumpliendo. El decreto que desarrolló la ley en 2022 hablaba de que estas delimitaciones deben ocupar “un área significativa y suficiente” para “reducir la contaminación del aire, el ruido y los gases que causan el cambio climático en las ciudades”. Muchos ayuntamientos de PP y Vox ha aprovechado esa afirmación genérica para reducir al mínimo su área de aplicación, no aplicar multas o permitir la entrada de todo tipo de vehículos, dejándolas sin efecto.

Por eso, el Ejecutivo —a propuesta de Transición Ecológica e Interior— prepara ahora un decreto para modificar el de 2022, que espera tener aprobado en las próximas semanas. “Durante el tiempo de vigencia del Real Decreto, se ha puesto de manifiesto la necesidad de establecer unos criterios que garanticen la implantación efectiva de la norma, de forma que la implantación de una ZBE se acompañe de la aplicación de medidas normativas y medidas adicionales que garanticen la efectividad de la ZBE y el cumplimiento del objetivo de estas”, reconoce el texto.

La nueva norma señala que para la consideración efectiva de la implantación de una zona de bajas emisiones, las entidades locales deberán acreditar el cumplimiento de varios requisitos, entre los que incluye “la publicación de la normativa municipal vigente donde se establece la delimitación legal de la ZBE”, para acabar con las áreas falsas.

Además, hay que publicar “las prohibiciones o restricciones de , circulación y estacionamiento de vehículos, según el potencial contaminante de los mismos”, con lo que no se podrían hacer excepciones a la norma. Deben incluir además “el sistema activo de control de s, monitorización y seguimiento” para llevar a cabo la distinción de vehículos. También deben integrar “el Punto de Nacional en materia de tráfico y movilidad de la Dirección General de Tráfico”.

Por último, cuando el decreto entre en vigor, deberán tener “el régimen sancionador activo, quedando excluido para esta consideración cualquier sistema transitorio de avisos que pudiera haberse contemplado previamente”. Con esto, pretende acabar con las prácticas de algunos consistorios que apostaban por mantener sistemas de avisos sin sanción durante varios años.

El texto modifica también el reglamento general de circulación para dar más libertad a los ayuntamientos a la hora de restringir el tráfico en ciertas zonas de la urbe. “Las autoridades municipales con competencia en materia de gestión, regulación y ordenación del tráfico podrán, mediante Ordenanza municipal, establecer restricciones de de vehículos a zonas, vías o tramos de vías urbanas a fin de mejorar la seguridad de los s o racionalizar el uso de las vías urbanas”.

En este sentido, los consistorios podrán limitar el paso en ciertas áreas a partir de criterios como la “disponibilidad de sistemas avanzados de asistencia a la conducción en el vehículo”, lo que podría limitar el paso a vehículos autónomos, o bien a aquellos que no cuenten con uno de estos sistemas. Además, se les permitirá impedir el paso según el servicio al que se destina el vehículo —por ejemplo, prohibiendo a aquellos que no sean un servicio público—, y también según el número de ocupantes —como ocurre en las carreteras en los carriles de vehículos de alta ocupación, donde aquellos con un solo ocupante no pueden pasar—.

Ayudas al transporte público

Según los últimos datos de Transición Ecológica, 53 urbes españolas cuentan ya con una ZBE, aunque tres se encuentran en municipios no obligados a implantarlas —Gavà, Sant Joan Despí y Sant Adrià de Besòs—. De las restantes obligadas por ley, hay 94 en trámite; es previsible que muchas se instalen antes de final de año, aunque otras no llegarán a tiempo.

Además, hay nueve que se niegan a cumplir la ley y no han iniciado los trámites (o no lo han comunicado al ministerio), además de 11 territorios insulares. La norma de Transición Ecológica no incluía un mecanismo para sancionar a las urbes incumplidoras. El Ministerio de Transportes, que subvencionó la instalación de muchas de estas áreas, ha advertido en numerosas ocasiones que su intención es sancionar a las localidades que pidieron fondos Next Generation para instalar una ZBE y no la han puesto en marcha.

Un reciente informe de la Abogacía del Estado —adelantado por EL PAÍS— respalda que Transportes sancione a estos ayuntamientos que pidieron ayudas para implantar una de estas áreas de tráfico restringido si no las ponen en marcha antes de final de año. Los consistorios pueden ser sancionados y se les puede pedir el reintegro de la subvención.

Además, el departamento de Óscar Puente exige ya contar con una de estas áreas de tráfico restringido para recibir ayudas estatales al transporte público del segundo semestre de 2025. “Los municipios tienen que mandar una declaración responsable de que la ZBE se encontrará en funcionamiento a lo largo de 2025. Es decir, pueden a día de hoy no tenerla pero estar en proceso de tenerla”, señalan fuentes de Transportes.