La financiación autonómica: de frente común a desbandada

La cuestión de la financiación autonómica sigue siendo uno de los principales desafíos del Estado de las Autonomías. Desde la Comunitat Valenciana, la necesidad de reformar un sistema claramente injusto y disfuncional se percibe no como una demanda más, sino como una cuestión estructural que condiciona el ejercicio mismo del autogobierno, consagrado constitucionalmente. Si bien lo que antes era un frente común se asemeja hoy más a una desbandada.

Es importante recordar e insistir en que la Constitución de 1978 no predetermina un único modelo de financiación autonómica. Si bien establece principios como la solidaridad, la suficiencia financiera y la equidad, deja un amplio margen para que el legislador configure el sistema a través de leyes como la LOFCA. Este carácter abierto permite reformular el sistema sin necesidad de alterar o retocar el texto constitucional, lo que refuerza la viabilidad de una reforma pactada, ambiciosa y en profundidad.

Históricamente, las grandes reformas del modelo de financiación no han nacido de una reflexión estructural y consensuada, sino de coyunturas políticas concretas cuando la gobernabilidad se encontraba en cuestión. En esos momentos, determinadas comunidades con mayor capacidad de presión —muy especialmente Cataluña— han impulsado reformas ventajosas que se han generalizado a posteriori; pero que ahora, pueden tener efectos desequilibrantes para el conjunto.

De hecho, la singularidad financiera que ahora se vuelve a plantear para Cataluña ya intentó blindarse estatutariamente en 2007 pero la sentencia “interpretativa” del Tribunal Constitucional lo impidió.

La actual propuesta, claramente incompatible con el principio de igualdad de derechos entre los españoles, ha sido ampliamente criticada en el seno de la Comisión para las Comunidades Autónomas del Senado, a través de un informe que cuestionó los aspectos más destacados de la propuesta que recupera argumentos del pasado, sin reparar en la amenaza que suponen para la cohesión interna del sistema y su misma viabilidad. “¿Dónde queda aquello de que España no soportaba ningún concierto fiscal más?“.

En paralelo a este debate, la Comunitat Valenciana ha planteado propuestas mucho más razonables, basadas en el principio de equidad y en la necesidad de garantizar una financiación justa, especialmente para un territorio castigado por los efectos perversos del sistema vigente. El Consell llegó incluso a aprobar un documento con elementos para una eventual reforma constitucional en clave federalizante, aunque sin articular una propuesta cerrada. Caracterizada eso si por la solución de mancomunar, total o parcialmente la deuda, en particular aquella que era consecuencia directa de su infrafinanciación histórica.

Es significativo que muchos de esos planteamientos bien se hayan postergado bien hayan cedido frente a la actual demanda de singularidad financiera por parte de Cataluña, bajo la excusa falaz de que no son incompatibles.

Los datos más recientes avalan la reivindicación valenciana: el gasto público por habitante en la Comunitat es uno de los más bajos del Estado. En 2024, fue de apenas 3.020,08 euros por habitante, muy por debajo de la media del régimen común (3.399,78 euros) y aún más lejos de Cataluña (3.822,42 euros) o Euskadi (6.614,40 euros). Esta brecha es insostenible a medio y largo plazo.

Contrariamente a lo que ocurre en Cataluña —donde el problema no es de ingresos sino de gasto—, la Comunitat Valenciana sufre una evidente infrafinanciación estructural. Lo que se plantea no es, pues, un trato privilegiado como en el caso catalán sino el derecho a disponer de los recursos necesarios para prestar servicios públicos básicos en condiciones de igualdad. Ahora en grave tensión al no haberse aprobado ya [por primera vez en 12 años] que la Generalitat Valenciana reciba el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario a manos del gobierno español.

Se confunde, también, de forma interesada la baja inversión estatal en algunos territorios con un problema de financiación autonómica. Resulta necesario separar ambos debates: la financiación afecta a los recursos con los que cuenta la Generalitat para ejercer sus competencias; la inversión estatal, a las decisiones del Gobierno de España en materia de infraestructuras y desarrollo territorial, que ni siquiera pueden condicionar las cláusulas estatutarias -como la valenciana de 2019- incorporadas en distintos territorios. La comparación de la última década evidencia, también, un agravio para con los valencianos, aunque su solución deba abordarse por vías distintas a las del sistema de financiación. Para que se hagan una idea, 2019 fue el año en qué más nos acercamos a la inversión que por peso territorial nos correspondía, tras décadas de ser postergados y continuar siéndolo después.

La reforma del sistema de financiación debe ser abordada desde el consenso, pero también desde la firmeza. El Parlamento valenciano ha escuchado a numerosos expertos que coinciden en que la situación es insostenible y que requiere soluciones estructurales. Estas podrían pasar por una profunda reforma de la LOFCA o, incluso, por aprovechar los márgenes de ampliación competencial extraestatutaria que posibilita el marco constitucional.

Lo fundamental es que la nueva financiación garantice la suficiencia, la equidad y la corresponsabilidad fiscal. Y que ponga fin a las actuales asimetrías que penalizan,sistemáticamente, a territorios como el valenciano.La Comunitat Valenciana no pide privilegios ni tratos singulares. Reclama lo que cualquier observador neutral consideraría razonable: una financiación justa.

La ausencia de Presupuestos Generales del Estado y la negativa de acordar un fondo de nivelación que compensase a los territorios infrafinanciados en tanto no se reforme el sistema, aleja las posibilidades de paliar la difícil situación de las cuentas públicas valencianas. Cabe recordar que la investidura estatal quedó unida a n los avances en materia de financiación autonómica y no tanto con una visión unilateral sino comunitaria, donde todas las demandas fuesen atendidas.

Queda, por tanto, claro que la reforma de la financiación autonómica ni es un deseo ni una aspiración política: es una necesidad urgente y perentoria. Porque sin recursos suficientes, el autogobierno deja de ser una realidad efectiva para convertirse en una quimera. Algo incompatible con el modelo descentralizador que consagra la Constitución.

Mariano Vivancos es profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València