El Govern se marca como objetivo acabar con la falta de cobertura de móvil en la Cataluña rural

Castelló de Farfanya es un municipio de Lleida de 530 habitantes. “En noviembre, un tractor que estaba trabajando en Balaguer rompió un cable y, durante dos semanas, no tuvimos ni telefonía móvil, ni fija, ni intenet”, explica su alcalde Omar Noumri (ERC). Incidencias de cobertura como esta son frecuentes en numerosos pueblos de la Cataluña rural. “Somos municipios con pocos s y para las empresas no es una operación viable económicamente que nosotros tengamos cobertura”, lamenta el edil. Ello también explica que, cuando el pasado lunes el apagón dejó Cataluña sin cobertura de telefonía móvil, la vida no cambiara sustancialmente en el municipio. El edil activó, como es frecuente en este pueblo de Lleida, la cartelería en el tablón de anuncios para informar a los vecinos de lo que estaba sucediendo.

Sergi Andreu (Junts) es el alcalde de Rocafort de Queralt (Tarragona, 240 habitantes). En verano una avería en un repetidor dejó semanas sin cobertura a los vecinos y a los dos restaurantes y dos casas rurales de Rocafort. El ejecutivo catalán se había marcado como objetivo, mucho antes del apagón del lunes, mejorar la conectividad de todos los pueblos de Cataluña y obligar a las operadoras a dar servicio a todos los municipios responsabilizándose ante los alcaldes de las incidencias en la conectividad.

El secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital del Govern de la Generalitat, Albert Tort, explica que el ejecutivo de Salvador Illa se ha marcado como “reto que debe abordarse de inmediato” la solución de los problemas de cobertura. A raíz de incidencias en varios municipios, el consejero de presidencia, Albert Dalmau, convocó en enero una reunión en el Palau de la Generalitat a la que acudieron Telefónica, Vodafone, MasOrange y Cellnex junto con representantes del gobierno catalán y entidades como la Asociación Catalana de Municipios, la Federación de Municipios de Cataluña, la Asociación de Micropueblos de Cataluña o el lobby Eines de Repoblament Rural.

“Las operadoras de telecomunicaciones tienen clientes. Esos clientes son ciudadanos de Cataluña y del servicio que tengamos de estas compañías depende el equilibrio territorial, social y económico de Cataluña”, argumenta Tort. En el transcurso de aquella reunión constataron que había que diseñar una serie de directrices entre operadoras, Govern y municipios. “En Navidad, en el Pirineo, hubo una serie de incidencias que paralizaron servicios sin que los alcaldes encontraran una solución. La comunicación de las operadoras no puede ser solo individual entre el cliente y la empresa. Los ayuntamientos deben poder tener un papel protagonista y disponer de información cuando las incidencias afectan a sus municipios”, marca el primer objetivo el secretario de telecomunicaciones. “Pero, además, no solo quisimos hablar de incidencias. Hay que impulsar que las operadoras compartan entre ellas información para que se coordinen en las infraestructuras digitales de fibra óptica, 5G…”, concluye.

El Govern ha anunciado que a partir de 2026 y hasta 2031, un total de 6.164 sedes públicas -colegios, comisarías, hospitales y otras dependencias- estarán conectadas por una fibra óptica de titularidad pública gestionada por la propia Generalitat. Una operación que costará más de 200 millones de euros y que busca abandonar infraestructuras de terceros en busca de la “soberanía digital” de Cataluña. El consejero de presidencia, Albert Dalmau, mantiene que una de las “prioridades” del Govern es desplegar “la fibra óptica en todas las carreteras para llegar a todos los municipios”.

Este año la red pública de fibra óptica alcanzará los 8.000 kilómetros y dotará de un punto de a todos los municipios catalanes antes de que finalice la legislatura convirtiendo a Cataluña en la primera comunidad de España en tener una red pública de estas características. “Esta red no podemos comercializarla pero podemos alquilarla a las operadoras para que puedan llegar a lugares y municipios donde no llegan”, avanza Tort. El secretario de telecomunicaciones mantiene que en las áreas metropolitanas hay mucha competitividad privada pero en zonas rurales no. En la actualidad, la conectividad llega al 96% de los municipios. La estrategia del Govern es llegar a la totalidad del territorio priorizando la fibra óptica y, allí donde sea imposible, el 5G o el satélite.

Rosa Vila (Junts) es la alcaldesa de Amer en Girona. Vila revela que desde el pasado octubre hay cortes “tanto en internet como en el teléfono”. “En Amer todos dependemos de la red. Desde el anciano que lleva el dispositivo de teleasistencia hasta el vecino que paga en los comercios… Si el mundo debe ser digital, todos debemos tener un servicio impecable”, denuncia. La alcaldesa mantiene que se siente apoyada por la Generalitat y que gracias a la intercesión del ejecutivo catalán ahora sabe con quién debe comunicarse de las operadoras para quejarse de una caída en el servicio.

Para el secretario de telecomunicaciones esa información es fundamental. “Lo primero que obligamos a las operadoras es a dar un teléfono operativo cuando se detecta un problema. Un número para que los alcaldes puedan llamar y registrar la incidencia de lunes a domingo. También hemos pedido un segundo nivel de coordinación técnica y que las operadoras tengan un punto de o también con la secretaría de telecomunicaciones”, añade Tort. El que los alcaldes tengan un interlocutor de la compañía para gestionar las incidencias es “inédito” y “clave” para el nuevo modelo de telecomunicaciones que quiere llevar a cabo la Generalitat. “Es un cambio de paradigma. No dejamos solos a los privados que operan en el mercado sino que la istración también fiscaliza”, añade Tort.

La teniente de alcalde de Ulldecona, Mónica Fabra (PSC), denuncia que en varios de los núcleos agregados de su municipio los comercios no pueden utilizar el datáfono por falta de cobertura. “Antes, como Ayuntamiento intentar ar con los operadores era misión imposible. Necesitamos un plan para mejorar la cobertura de las zonas rurales para, así, tener las mismas oportunidades que el resto”, denuncia Fabra.

Tort asegura que buena parte de los esfuerzos de la Generalitat se centran en ese 4% del territorio con problemas de conexión. “En Terres del Ebre, Pirineo, Berguedà o la Plana de Lleida hay zonas donde hay mucho margen de mejora”, ite el secretario de telecomunicaciones. Además, añade que la Generalitat está creando un “mapa de riesgos” en función de la temporada para si en verano hay incidencias en zonas costeras o en invierno en el Pirineo se considere una situación “crítica y un problema de país” y se activen protocolos para solucionar rápidamente las incidencias.

Omar Noumri además de alcalde de Castelló de Farfanya es uno de los impulsores del lobby de pequeños municipios Eines de Repoblament Rural. “Vamos por el buen camino pero falta mucho. Pronto nos reuniremos con los operadores ya que la conectividad es básica para la promoción económica y para los servicios médicos, asistenciales, el trabajo… de nuestros municipios”, concluye.