La jueza de la dana rechaza de nuevo imputar a la delegada del Gobierno y no cierra la puerta a solicitar la investigación de Mazón

Nueva negativa a los manejos para tratar de extender al Ejecutivo central la responsabilidad de la mayor tragedia que ha arrasado Valencia, la dana que dejó 228 muertos y una senda de destrucción el pasado octubre. La jueza que investiga penalmente la inundación, Nuria Ruiz Tobarra, descarta, de nuevo, imputar a la delegada del Gobierno en Valencia, la socialista Pilar Bernabé, por no haber solicitado al Ejecutivo la declaración de emergencia nacional, según un auto notificado este lunes. La magistrada no cierra la puerta en su resolución a poner en marcha el mecanismo para imputar al president Carlos Mazón, que al ser aforado solo puede ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia tras la exposición razonada de la instructora.

Para argumentar su decisión de no imputar a la delegada del Gobierno, que declaró como testigo el pasado 14 de abril, la jueza reitera que la responsabilidad de la gestión de la riada fue de la Generalitat y que la “patente inactividad” en la dana se dio en el ámbito autonómico. Destaca también que los errores de los días siguientes a la aciaga jornada no forman parte de las pesquisas. Y enmarca en la cadena de irregularidades posteriores a la gota fría “la devastación, la falta de recursos esenciales, luz, agua, teléfono, tardanza en la ayuda, carreteras impracticables [...]”. El Ejecutivo autónomo, sostiene Ruiz Tobarra, era responsable de las medidas para “salvaguardar a la población”.

Sostiene la magistrada que el hecho de que Bernabé no requiriera la declaración de emergencia nacional no comporta su responsabilidad penal. “Ni se declaró por el Estado, ni se propuso por la istración autonómica valenciana, de la que formaban parte los investigados [la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su segundo, Emilio Argüeso]”. La jueza subraya que la emergencia nacional no era precisa “para alertar a la población y que se adoptaran medidas de autoprotección”. Y pone así, de nuevo, en el epicentro de las pesquisas la tardanza de la Generalitat en enviar el mensaje masivo a móviles, que llegó a las 20.11 horas, cuando había decenas de personas fallecidas, desaparecidas y atrapadas en plantas bajas y garajes.

Con su resolución de este lunes, la magistrada cortocircuita, de nuevo, otro intento de imputar a Bernabé. La magistrada ya se negó en febrero a itir una querella de la asociación ultracatólica Hazte Oír que reclamaba la citación como investigada de la delegada del Gobierno. Y rechazó la misma solicitud de la asociación Liberum, que ejerce la acusación popular. En esta ocasión, la petición llegó de la acusación particular que defiende el abogado Rubén Gisbert (163.000 seguidores en X y 695.000 en YouTube). El letrado se hizo célebre después de que se divulgara un vídeo de un vecino de Catarroja que mostraba a Gisbert arrodillándose en el barro para parecer más sucio antes de una conexión con el programa de Iker Jiménez. El abogado llegó a decir que en el aparcamiento del centro comercial Bonaire de Aldaia (Valencia) había 700 tiques de personas que no habían salido. El recinto es gratuito, no expide tiques, y los equipos de rescate no encontraron allí fallecidos.

La magistrada se niega, además, a remitir por ahora una exposición razonada al TSJ valenciano para pedir la imputación del aforado Mazón por no haber solicitado la declaración de emergencia nacional. Ruiz Tobarra justifica que la investigación está viva y quedan diligencias pendientes. “La instrucción no está agotada”, advierte. Y alude a un auto del pasado diciembre en el que explicaba las condiciones para poner en marcha el procedimiento para investigar al president. “La remisión [de la petición al TSJ] se efectuará si, agotada la instrucción, constan indicios sólidos contra la persona aforada frente a la que se dirigió la querella. Para ello, habrán debido de practicarse todas las diligencias de investigación necesarias en orden de permitir una más fundada decisión, no ya sobre la racionalidad de los indicios de infracción penal, sino de los que pueden haber de participación en ella del aforado”, alega la funcionaria.

La jueza ya puso sobre la mesa la posibilidad de que el president declarara como investigado de forma voluntaria el pasado 10 de marzo, cuando imputó a Pradas y Argüeso. Una vía que Mazón rechazó.